Corte Suprema ratifica arresto de mexicano

Abogado se queja del poco tiempo que le permiten estar con su cliente para preparar la defensa Janelys Carrillo Barrios [email protected] Por segunda vez en lo que va del mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó la petición de excarcelación a favor del ex alcalde del Distrito Federal de México […]

  • Abogado se queja del poco tiempo que le permiten estar con su cliente para preparar la defensa

Janelys Carrillo Barrios [email protected]

Por segunda vez en lo que va del mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó la petición de excarcelación a favor del ex alcalde del Distrito Federal de México Oscar Espinosa Villarreal.

La Sala Penal se reunió ayer para analizar la solicitud del representante legal de Espinosa Villarreal, doctor Yalí Molina, quien también tenía la esperanza de entrevistarse con los magistrados para persuadirlos de la necesidad de liberar al mexicano, sobre quien pesa una acusación de peculado por 45 millones de dólares.

No obstante, la Sala Penal decidió dejar las cosas como están, mientras espera que llegue a su poder la solicitud definitiva de extradición del ciudadano mexicano.

El doctor Molina precisó que la excarcelación de su cliente se hace necesaria, por cuanto además de violar sus derechos humanos, a él se le dificulta la preparación de la defensa legal ya que el lugar donde Espinosa se encuentra prisionero no presta las mínimas condiciones y por tanto no puede levantar la documentación relativa al caso.

Agregó que las ocasiones en que ha logrado entrevistarse con Espinosa las visitas no han durado más allá de los 15 ó 20 minutos, salvo el viernes recién pasado, cuando el encuentro con su cliente tuvo una duración de media hora.

La primera vez que los ocho magistrados de la Sala Penal analizaron la posibilidad de excarcelar a Espinosa, siete de ellos se pronunciaron por mantenerlo en prisión, con excepción del doctor Arturo Cuadra Ortegaray.

En esa ocasión el magistrado disintió de la decisión tomada por la mayoría, aduciendo que para garantizar que el acusado permanezca en el territorio nacional bastaría con dictarle arresto domiciliar, ordenar suficiente custodia y girarle retención migratoria.  

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