- Investigación abarcará a funcionarios de la Sede Central de la Delegación en la RAAN y Alcaldía de Waspán
Gretchen Robleto [email protected]
La Contraloría General de la República acordó en sesión de contralores realizar auditoría inmediata en la Sede Central del Instituto Nacional Forestal y la Delegación en la Región Autónoma del Atlántico Norte y la Alcaldía de Waspán, medida que surge a raíz de las denuncias del tráfico ilegal de madera que involucra a funcionarios de las instituciones en mención.
El doctor Guillermo Argüello Poessy, presidente de la CGR, dijo a LA PRENSA que el Consejo de Contralores aprobó el proyecto de resolución que recomienda la auditoría en el Inafor y la Acaldía de Waspán.
“Tomando en cuenta la relevancia del caso en el que se señala a funcionarios públicos, hemos orientado a nuestro equipo de auditores se dirijan a las instituciones involucradas, esperamos tener lo más pronto posible los resultados de las auditorías’’, apuntó el presidente de la Contraloría.
FUERTES ACUSACIONES DE CORRUPCION
Los funcionarios denunciados por la Procuradora del Medio Ambiente, doctora Marianela Rocha y Raanisa (Empresa Maderera de la Raan), son: Anthony Rojas, técnico de la Dirección de Funciones Territoriales de la Sede Central del Inafor, Alminit Bonds, técnico forestal, Félix Archibol, delegado municipal del Inafor en Puerto Cabezas, el edil liberal saliente de Waspán, Gerardo Thomas y los concejales Marcos Law y Roy Chow.
Francisco Adolfo Cruz Galo, administrador del Inafor, es según presunciones de la Procuraduría Ambiental sospechoso de vender guías para madera por 8,000 córdobas. Cobros ilegales para transporte de madera, falsificación de guías para comercializar madera y avales, solicitud de coimas a madereros, entre otros señalamientos a los funcionarios edilicios y estatales.
Por su parte la directora del Inafor, Sandra Tijerino, ha manifestado en torno a los señalamientos por corrupción a los empleados de esa institución que está a la espera de la resolución de la CGR para tomar las medidas pertinentes, puesto que los funcionarios investigados mantienen sus cargos en la institución.
