- Ex guerrillero argentino fue uno de los autores del atentado contra Anastasio Somoza en Paraguay
EFE
BUENOS AIRES.- Los abogados de los condenados por el ataque al cuartel argentino de La Tablada apelarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de Enrique Gorriarán Merlo y su esposa Ana Sívori, que quedaron excluidos de la reducción de penas decidida por el presidente del país, Fernando de la Rúa.
Adrián Witemberg, portavoz de los detenidos, dijo a la agencia estatal Télam que los letrados que representan a los condenados “presos de La Tablada” recurrirán al órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intervenga ante el Gobierno argentino por estos casos.
El presidente De la Rúa firmó el pasado viernes el denominado decreto de “conmutación de penas”, que convierte a las condenas de prisión perpetua, que cumplen once de los detenidos, en castigos de entre 20 y 25 años de prisión.
El decreto no incluyó entre los beneficiarios a Enrique Gorriarán y a su esposa, Ana Sívori.
Gorriarán Merlo fue el líder del grupo del Movimiento Todos por la Patria (MTP), que en enero de 1989 atacó el cuartel de La Tablada, situado a las afueras de Buenos Aires, y recuperado después de 6 horas de combate y con un resultado de 40 muertos, entre guerrilleros, policías y militares.
El jefe guerrillero y su esposa huyeron tras el ataque al cuartel, y años después fueron detenidos en México, desde donde volvieron a Argentina en condición de extraditados para ser juzgados y condenados en un proceso de doble instancia.
La posibilidad de apelación no se les dio a los restantes condenados, quienes fueron juzgados en 1990, según la ley de Defensa de la Democracia”, que no admite una segunda instancia judicial.
En la búsqueda de ese objetivo, los “presos de La Tablada” iniciaron en septiembre del año pasado una huelga de hambre que duró 116 días y que concluyó el último viernes del 2000, cuando el mandatario argentino firmó el decreto de conmutación de penas.
Con la firma del decreto, De la Rúa también cumplió con las recomendaciones de la CIDH, que desde 1997 exigía al Estado argentino una solución para la situación de los condenados por el ataque al cuartel militar.
Respecto a la situación de Gorriarán Merlo y Sívori, Witemberg dijo que “ellos tuvieron el recurso de segunda instancia, pero prácticamente se les aplicó el criterio de cosa juzgada”, en alusión al proceso judicial que en julio de 1997 les condenó a reclusión perpetua y a 18 años de prisión, respectivamente.
Gorriarán Merlo, antiguo jefe del troskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que actuó en Argentina en la década los años 70, fue uno de los autores del atentado en el que murió el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, cometido en Asunción, Paraguay.
