- España tiene más de un millón de extranjeros «con papeles», y entre ellos, los chinos ya son la segunda nacionalidad más numerosa
- Gobierno no anuncia aún cómo se procederá con los excluidos
Vicente Mateau (EL MUNDO)
MADRID.- El siglo XXI comenzará con más de un millón de inmigrantes en nuestro país. Pero también con la expulsión de casi 28,000. Este es el número de extranjeros a los que se ha denegado la residencia en España durante el proceso extraordinario de regularización y que, como explicaba ayer el secretario de Estado de Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, «lamentablemente no podrán quedarse entre nosotros».
Todos ellos tendrán que abandonar nuestro país, salvo los que puedan acogerse a algunos de los supuestos de acogida por razones humanitarias. El Gobierno no aclaró ayer cómo se materializará su marcha, aunque espera que se pueda realizar a través de los convenios de devolución de inmigrantes que, como el existente con Marruecos, se firmarán en breve con Nigeria, Ecuador y Senegal.
«Tendrán un sitio donde volver, no los vamos a tirar a la calle», explicaba ayer a este periódico Fernández-Miranda.
Faltan aún unas 20.000 solicitudes por resolver, el 8% de las 246.089 que se presentaron, pero el Gobierno considera que el proceso «ya se puede dar por finalizado» y decidió hacer públicos ayer sus resultados.
RADIOGRAFIA DE LA INMIGRACION EN ESPAÑA
De las 226.570 solicitudes ya resueltas, se han aceptado 137.454, lo que supone pasar de un censo de extranjeros en 1999 de 801.329 personas a 938,783, el 2.5% de la población. Cuando el Partido Popular (PP) llegó al poder en 1996, este colectivo representaba aproximadamente el 1,7%. Pero esta cifra va aumentar todavía más. De los 82,845 extranjeros a los que se ha denegado el permiso de residencia, la gran mayoría, 61,365 personas en total, van a ver revisados sus expedientes de oficio. No tendrán siquiera que presentar recurso o nuevos documentos. Un proceso que Fernández-Miranda asegura que se hará «con generosidad y a favor de los inmigrantes». Casi seguro, prácticamente todos sí se quedarán «entre nosotros».
Estas personas se beneficiarán del acuerdo entre el Partido Obrero Socialista Español, PSOE, y el PP sobre la reforma de la Ley de Extranjería, por el cual se decidió abrir la mano a todos aquellos inmigrantes que han visto rechazada su solicitud por no haber podido demostrar que estaban en España antes del 1 de junio de 1999.
De esta manera, el número de inmigrantes legales alcanzará el millón, y lo superará de largo cuando se sumen los regularizados a lo largo de todo el año 2000 por la vía ordinaria. A este respecto, Fernández-Miranda insistió ayer varias veces -con Almería como referente- en que «el proceso extraordinario ha terminado y no se va a volver a repetir».
CIFRA EXACTA: 27,751
Quedan, por tanto, 27,751 extranjeros a los que se ha notificado ya o se les comunicará en breve la denegación de residencia. En la práctica, supone su expulsión del país.
El proceso de regularización ha provocado, además, cambios en la estructura demográfica de los inmigrantes. Los ciudadanos marroquíes siguen siendo, con diferencia, los más numerosos (ver gráfico), pero ahora el segundo puesto lo ocupan los chinos, en detrimento de peruanos y dominicanos. En esta estadística se excluyen los ciudadanos de la UE, que suman en total 422,828 personas y que, por primera vez, son menos que los de terceros países (515,955). Otro dato significativo es que ecuatorianos, colombianos y rumanos duplican su presencia gracias a este proceso.
ORDEN DE FLUJOS MIGRATORIOS
Al presentar estos datos, el secretario de Estado de Inmigración destacó que el Gobierno da «por corregido el (error) legislativo de la anterior Ley de Extranjería»: «Ahora podemos ordenar el fenómeno migratorio, podremos integrar a los extranjeros en la sociedad española y podremos disuadir la inmigración ilegal», afirmó Fernández-Miranda.
DUDAN DE CAPACIDAD PARA EJECUTAR EXPULSIONES
– Sindicatos y ONG creen imposible expulsar a todos. CCOO, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España (ATIME) y SOS Racismo coincidieron ayer en afirmar que el Gobierno no tiene capacidad administrativa para expulsar a los casi 28,000 inmigrantes que han visto denegada su solicitud.
– Para la responsable de Política Migratoria de CCOO, Paloma López, «el Gobierno no tiene que insisitir en su expulsión, sino buscar fórmulas creativas para que estos inmigrantes pasen a una situación regular. Si el Ejecutivo quiere iniciar una nueva política inmigratoria con irregularidad cero, no puede dejar a estas personas a manos de la explotación laboral», declaró.
(Tomado de El Mundo digital, España, 22 de dic. 2000)
