El Gobierno está persiguiendo a una enfermera norteamericana residente en Nicaragua desde hace 10 años, Dorothy (o Dorotea) Granada, para expulsarla del país porque supuestamente hacía proselitismo político sandinista en la clínica de una cooperativa de mujeres de Mulukukú.
La señora Granada (una anciana izquierdista de 70 años de edad) también es acusada por el Gobierno de practicar abortos en la mencionada clínica de Mulukukú, pero, según declaró el viernes el ministro de Gobernación, José Marenco Cardenal, “a la señora le estamos cancelando su residencia por el simple hecho de que la Ley de Extranjería dice que ningún extranjero puede hacer proselitismo”.
En realidad es la Constitución la que prohíbe a los extranjeros intervenir en la política nacional. La Ley de Extranjería sólo reproduce la disposición constitucional. Sin embargo, la Constitución también garantiza a las personas extranjeras que residen en Nicaragua el ejercicio y amparo de todos los demás derechos que gozan los nicaragüenses, incluyendo los de tener un debido y justo proceso, de defensa, de que se presuma inocencia mientras no se demuestre lo contrario, etc. “Los extranjeros -se dice en el Artículo 27 de la Constitución- tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país”.
De manera que si bien es cierto que el Gobierno puede expulsar a cualquier extranjero que intervenga en los asuntos políticos internos, también es verdad que no se puede hacer arbitrariamente, sino como resultado de un proceso judicial en el que el Gobierno debe probar su acusación y garantizar al acusado su derecho a defenderse.
Por otro lado, la ideología de la señora Granada, cualquiera que sea, no justifica de ninguna manera al Gobierno para proceder arbitrariamente contra ella. Y queremos enfatizar esta opinión, en virtud de que algunas personas nos han señalado que no deberíamos poner a la señora Granada como una víctima del Gobierno, porque al fin y al cabo se trata de una extranjera y, además, izquierdista. Al respecto debemos dejar bien clara la posición de LA PRENSA, de que si la señora Dorotea Granada aparece en las informaciones como víctima del Gobierno, es porque en realidad es una víctima de la arbitrariedad y el abuso gubernamental (“aunque sea la madre Teresa de Calcuta, vamos a expulsarla del país”, dijo el viernes pasado, en un alarde de prepotencia, el ministro de Gobernación).
Es obligación de LA PRENSA no sólo informar sobre las injusticias, sino también denunciarlas, cualesquiera que sean las víctimas y los victimarios. Este es el legado ético que nos dejó el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Director Mártir de LA PRENSA, quien en una ocasión escribió lo siguiente: “Debo decir que en mi condición de periodista, de ciudadano y de hombre respetuoso de la dignidad humana, seguiré publicando, mientras Dios me dé fuerzas, toda clase de abusos incalificables, sea que se cometan contra un liberal, un conservador, un socialcristiano, un agüerista, un somocista, un sindicalista, un fascista o un comunista. Porque para mí, dejar de publicar estas verdades sería como renunciar a mi conciencia y eso no puedo hacerlo, aún a riesgo de perder todo cuanto tengo, incluso la vida”.
De manera que no es correcto ni es ético que se pida a LA PRENSA que oculte las injusticias y las arbitrariedades del Gobierno. En todo caso, lo que deben hacer es aconsejar y exigir al Gobierno que se abstenga de seguir cometiendo abusos e injusticias, que son las que fortalecen las posibilidades de que el FSLN regrese al poder.
La verdad es que no sólo es arbitraria sino también ridícula la conducta del Gobierno, que bajó a 35% el porcentaje de votos que necesita el FSLN para regresar al poder y entregó el control del Consejo Supremo Electoral a los antiguos mandos de la Seguridad del Estado Sandinista, pero aduce razones ideológicas antisandinistas para expulsar del país a una anciana izquierdista norteamericana que supuestamente aprovechaba su labor de enfermera en Mulukukú para hacer proselitismo sandinista.
