Finalmente, después de un mes y una semana de haber celebrado las elecciones más reñidas de su historia, los estadounidenses pudieron el miércoles pasado respirar tranquilos al saber quién será su nuevo presidente. Durante esos treinta y seis días el mundo entero siguió con gran atención los eventos que ocurrieron en Estados Unidos. En Europa, en América Latina, y en todas partes, no faltaron los políticos y observadores que —con morboso placer algunos de ellos— se apresuraron a anunciar el fin de la democracia norteamericana. Nicaragua, por supuesto, no podía quedarse atrás y aportó un buen número de esas aves de mal agüero.
Al final vimos, sin embargo, que la celebración de tales exequias fue prematura. El sistema político e institucional estadounidense ha dado muestras de su fortaleza, y se confirma lo que señalamos el 16 de noviembre pasado: “Creemos que las expresiones de gozo ante la crisis que pasa Estados Unidos no se justifican, y mucho menos aún creemos que la crisis —por profunda que ella sea—, no sea superable. A través de su historia, ese país ha enfrentado problemas enormes, y de todos ellos ha salido airoso y preservando siempre en alto la bandera de la libertad”. Y esta vez no fue diferente.
Es seguro que al republicano George W. Bush —triunfador de la contienda, y presidente electo de los Estados Unidos—, le hubiera gustado ganar por un margen mucho mayor de votos, y no por los pocos cientos que al final de cuentas establecieron la diferencia entre el triunfo y la derrota. Pero lo cierto es que al final del conteo mecánico de los votos sucedió algo que, estadísticamente, era muy improbable que sucediera: un virtual empate en una votación en la que participaron cien millones de personas. Y al añadirle el error de precisión de las máquinas encargadas del conteo, el resultado no podía ser más que la duda de las partes contendientes, especialmente de la que resultaba perdedora por unas pocas docenas de votos. Se decía que el margen de la victoria era inferior al margen de error en el conteo mecánico.
Ante tal situación, el equipo de campaña del vicepresidente Al Gore —candidato demócrata que resultó perdedor— decidió desde un inicio que el caso fuera resuelto a través del Poder Judicial, y para eso, a las pocas horas de ocurridas las elecciones, llevó a la Florida a un nutrido grupo de abogados —que después se convirtieron literalmente en cientos entre los dos partidos— para que se encargaran de dilucidar el asunto.
Los demócratas dicen ahora que la Corte Suprema de Justicia, y no la gente, fue la que le dio el triunfo a Bush, pero la verdad es que no podía esperarse otra cosa. Una vez iniciado el proceso judicial, lo lógico era que éste terminara en la Corte Suprema de Justicia, como en efecto ocurrió. Y si no hubiera sido la Corte Suprema la que resolviera el problema planteado, hubiera tenido que ser el Congreso el que lo hiciera. En ese caso, el resultado no hubiera sido menos polémico sino todo lo contrario, ya que el Congreso es, sin lugar a dudas, un cuerpo mucho más político que la Corte Suprema.
Creemos que la decisión del máximo tribunal de justicia fue acertada al decidir que no era posible encontrar un criterio justo, uniforme e imparcial para determinar la “intención” de los votantes, y que tampoco era correcto cambiar las reglas de la contienda electoral después de ocurrida ésta.
El pueblo estadounidense con gran civismo ha aceptado el veredicto del tribunal de justicia. Una encuesta de CNN demuestra que tres cuartas partes de la población afirma no haber perdido la confianza en la Corte Suprema de Justicia después de emitido el controvertido fallo. Eso significa fortaleza institucional.
Y por último, es encomiable la actitud del vicepresidente y ex candidato Al Gore, quien públicamente aceptó el veredicto del tribunal supremo, y pidió a todos sus seguidores respaldar al nuevo presidente electo. Todo lo anterior demuestra que la democracia estadounidense está firme, robusta y saludable, sin perjuicio de las fallas que hay en el sistema democrático, como imperfecto que es.
