La presencia en nuestro país del ex alcalde de la ciudad de México, Oscar Espinosa Villarreal, a quien las autoridades mexicanas persiguen por el presunto delito de peculado por el orden de 45 millones de dólares, ha tensado las relaciones entre Nicaragua y México. Espinosa Villarreal llegó a Managua en compañía de su esposa a la 1:35 de la tarde del domingo 12 de noviembre pasado a bordo de un jet privado procedente de Toronto, Canadá. Se identificó como inversionista y reportó a las autoridades migratorias que su domicilio sería en un hotel, pero después se supo que se hospedó en una casa particular.
A pesar de haber ingresado al país desde el 12 de noviembre, no fue sino hasta el 27 de ese mismo mes que Espinosa Villarreal solicitó asilo político al Gobierno de Nicaragua. El miércoles 29 de noviembre la Cancillería nicaragüense informó oficialmente al embajador mexicano, Ricardo Galán, de la solicitud de asilo político. Ese mismo día el embajador Galán se reunió con el Presidente Arnoldo Alemán a quien solicitó su extradición. Alemán se comprometió a brindar toda la colaboración necesaria en el caso. Hasta hoy no se ha concedido ni denegado la petición de asilo político, ni ha sido extraditado a México, pero al menos se le ha detenido físicamente después de tenerlo durante varios días bajo “vigilancia estricta por parte de la Policía Nacional”. Ahora la resolución de la petición de extradición le corresponde a un juez (Flavia Solís), nombrado para ese efecto el lunes de esta semana, mientras que la petición de asilo debe resolverla el Canciller de la República.
Mientras tanto, la pregunta que la ciudadanía se hace es: ¿por qué se admitió el ingreso a Nicaragua de un fugitivo de la justicia mexicana a sabiendas que eso no traería ningún beneficio al país, y que, por el contrario, tensaría las relaciones entre las dos naciones? Hasta el momento no se han dado respuestas claras a esa pregunta, aunque cabe suponer que las altas autoridades gubernamentales de Nicaragua tenían previo conocimiento de las intenciones de Espinosa Villarreal de refugiarse en Nicaragua, y que dichas autoridades autorizaron su ingreso antes que éste decidiera viajar a Nicaragua.
Se especula que la presencia del prófugo mexicano en Nicaragua obedece a un favor solicitado por el entonces Presidente de México, Ernesto Zedillo, a su colega Arnoldo Alemán. Esa versión —aunque no ha sido confirmada— toma fuerza al considerar que resulta muy improbable que el Presidente Alemán —quien tiene la costumbre de decidir personalmente hasta las cosas de menor importancia dentro del Gobierno—, no haya sido consultado antes de permitírsele el ingreso a territorio nacional. Si tal consulta no se hubiese realizado, es muy probable que a estas alturas ya hubieran rodado varias cabezas vinculadas al caso. Por otra parte, el hecho de que el director de la asesoría legal de la Asamblea Nacional, Dr. Raúl Palacios, sea el abogado que tiene a su cargo la defensa del prófugo, ha aumentado las sospechas de que el referido personaje cuenta con la protección de alguien poderoso dentro del Gobierno.
Espinosa Villarreal asegura que es un perseguido político en su país, pero el gobierno de Vicente Fox, asegura que no es más que un prófugo de la justicia que debe ser extraditado a México. En consecuencia, México se opone a que se le conceda asilo político. Nicaragua es signataria de la Convención sobre Asilo Político que se suscribió en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933. El asilo es una tradición muy noble que se sustenta en el derecho humano a no ser perseguido por razones políticas o religiosas. Este no parece ser el caso de Espinosa Villarreal, por lo que debería de ser extraditado cuanto antes en base al Tratado de Extradición suscrito entre Nicaragua y México, que se encuentra vigente desde 1998.
El Presidente Vicente Fox en su discurso inaugural prometió ser implacable con los delincuentes. Hay que darle la oportunidad, por el bien de su país, de que las autoridades judiciales juzguen a Espinosa Villarreal, y que éste tenga también la oportunidad de probar su alegada inocencia.
