Una cátedra de ética

II y última parte.- Si una enseñanza resulta para los juristas de la lectura del documento de nuestra Conferencia Episcopal, es que toda América Latina –no solamente Nicaragua–, sigue sufriendo las consecuencias históricas de la peor herencia del dominio colonial, que se manifestó en nuestras tierras en la forma del absolutismo, el cual identifica la ley con la discreción de quien manda, pudiendo por consecuencia regular dos casos iguales de manera opuesta, conforme con su interés o con su simpatía.

Y si el absolutismo fue templado en Europa por la existencia de los vínculos establecidos a lo largo de la historia entre los reinantes y los súbditos, en América Latina conocimos solamente la cara más despótica y cruel de esta forma de gobierno, ya que los virreyes nos hacían sufrir la supuesta culpa de pertenecer a una raza inferior y sujeta a su dominio.

Pero las desgracias del Continente no terminaron con la Independencia, ya que mientras en Europa el absolutismo dejaba el paso a los regímenes liberales, en América Latina al despotismo de los virreyes sucedió aquel de los caudillos.

La permanencia del pueblo en la condición de mero objeto del poder político, y no de sujeto en cuya representación este poder debe fundamentarse, aún cuando unos pocos caudillos iluminados bajaban desde lo alto reformas progresistas y modernizadoras en lo económico y en lo político, contradecía en todo caso la concepción cristiana del hombre.

El hombre, concebido a imagen y semejanza de Dios Creador, exige el respeto de su persona, que debe gozar de libertad y de justicia.

Pero un poder absoluto, que se fundamenta en la pretendida superioridad de una persona sobre las demás, vulnera también el principio –igualmente cristiano–, de la igualdad de los hombres en cuanto hijos de Dios.

Y entonces, partiendo de la enseñanza de nuestros Obispos, llegamos a una conclusión de trascendencia histórica absoluta: la realización del ideal cristiano en nuestra sociedad y en el momento presente exige la Constitución de un Estado de Derecho, donde la vigencia de las leyes, el apego a las normas de parte de los gobernantes, la existencia de instrumentos de control y de recursos jurisdiccionales para sancionar toda infracción al ordenamiento jurídico, realice el objetivo trazado por los pastores de este atribulado rebaño: “la justicia deberá ser aplicada a todos por igual”.

De lo contrario, seguiría la actual situación, que los Obispos sintetizan con estas palabras: “un político sin conciencia moral es como un lobo en medio de ovejas indefensas”.

Pero es lícito preguntarse hasta qué punto esta falta de conciencia moral es causa de la degeneración a la cual el país ha llegado, y hasta qué punto es su consecuencia.

Establecer las normas a las cuales la actuación de los políticos debe ser sometida es, en efecto, tarea de todos, ya que “la solución a la crisis que atraviesa la nación no está de forma exclusiva en las manos del Gobierno, la solución está en manos de todos y cada uno de los nicaragüenses”.

Sólo el compromiso solidario de todo el pueblo puede, en efecto, afirmar finalmente el principio de legalidad: ésta es la verdadera revolución que todavía nuestro pueblo está esperando.

Una vez afirmado el principio de legalidad, ningún político podrá más comportarse como lobo entre las ovejas, y si lo hará no podrá sustraerse a la sanción que le corresponde.

Como educadores, comprometidos en una universidad que por su espontánea opción se declara orgullosamente católica, es nuestro deber conformarnos con el objetivo indicado por los Obispos: “La nación necesita de maestros que con empeño y sacrificio, estén dispuestos a formar a la generación del mañana, no sólo con los conocimientos intelectuales necesarios para enfrentar la nueva exigencia científica, sino y sobre todo a formar en valores humanos y cristianos para que en un futuro los que rijan los destinos de nuestra nación sean capaces de practicarlos por el bien de la misma”.

Nada teme más un poder arbitrario que un pueblo culto y consciente, y nada teme más un poder arbitrario que una clase de funcionarios capacitados y enterados de las leyes y de sus deberes, porque estos funcionarios no sólo rehusarán hacerse sus cómplices, sino alertarán de las malas acciones cometidas por los gobernantes tanto al pueblo como a los órganos encargados de administrar la justicia.

Por eso es importante que los Centros de Educación Superior capaciten al personal de la Administración Pública en aras de los supremos intereses de la nación y en el puntual cumplimiento de nuestro deber de educadores y de cristianos, conforme con la palabra de Dios que nuestros Obispos anteponen, como suprema amonestación para los gobernantes, a su mensaje: “¡Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne!”.

* El autor es presidente del PLD.