Una cátedra de ética

I de dos partes.- El Comunicado publicado el miércoles 22 de noviembre del año 2000 por la Conferencia Episcopal, será recordado en la historia de nuestro país como un evento de trascendental importancia, ya que los pastores de la Iglesia nicaragüense han afirmado tajantemente, condenando la “codicia que ha venido desde los robos efectuados por algunos funcionarios durante los gobiernos somocista, sandinista e incluso los dos gobiernos democráticos que últimamente hemos tenido” la plena vigencia de un principio fundamental de la moral cristiana: en la actuación pública, ningún fin político justifica los medios ilícitos y pecaminosos.

Por consecuencia, no es suficiente declarar unos objetivos democráticos o liberales en la acción de gobierno para ser absueltos delante de Dios de las culpas que se cometen, así como en su tiempo no fue suficiente declarar los objetivos anticomunistas del somocismo o los objetivos socialistas del sandinismo.

Si pasamos del juicio que nuestros excelentísimos Obispos han pronunciado usando el metro de la teología moral cristiana al análisis que podemos expresar nosotros como laicos comprometidos en la política, nos incumbe declarar que no solamente existe una contradicción entre los preceptos de la ley de Dios y ciertas acciones de nuestros gobernantes, si no también existe una contradicción entre estas acciones y los mismos principios ideológicos en los cuales ellos dicen inspirarse.

Un gobierno democrático –y, si se me permita añadir, un gobierno liberal–, debe tener como meta la Constitución de un Estado de Derecho, lo que significa en primer lugar establecer un sistema orgánico de normas que conformen su actuación, así como significa exigir el respeto más escrupuloso de estas normas.

Pero como lamentan nuestros venerados pastores, “el Gobierno no cuenta con la capacidad para hacer cumplir las leyes a aquéllos que las violan. La misma Superintendencia de Bancos debería conocer mes a mes el estado de los bancos nacionales y alertar cuando uno de ellos ejecute transacciones que pongan en peligro la estabilidad nacional”.

En este caso, los Obispos denuncian el incumplimiento de una norma ya establecida.

Considerando las normas que aún hacen falta para componer un ordenamiento administrativo orgánico, indispensable para la existencia de un Estado de Derecho, podemos preguntarnos por qué ni el Poder Legislativo ha emanado, ni tampoco este mismo órgano ha reclamado una Ley de la Contraloría que finalmente la pusiera en la condición de ejercer un efectivo control preventivo de legitimidad sobre los actos de la Administración Pública, impidiendo de una vez el sistemático malgasto de los recursos.

El origen de todos estos irrespetos e incumplimiento de la ley, el origen de la crisis del Estado de Derecho, es de carácter moral.

Quien es deshonesto no quiere ser sometido a un control que ponga al desnudo sus pecados, y por consecuencia impide que la ley se ejecute, o impide que la ley se establezca.

A su vez, la difusión de la deshonestidad destruye los recursos ya escasos de nuestra comunidad nacional.

“Esta crisis en la economía –amonestan por consecuencia los Obispos–, no es más que el reflejo de un mal moral en lo interno de la sociedad”.

De todo esto resulta un grave peligro para la misma paz civil en Nicaragua.

Si es verdad, en efecto, que “los autores de fraudes económicos deben recordar que el pecado de robo no se perdona mientras no se haya restituido lo que se ha robado”, si es verdad que “la justicia es aplicada muchas veces de manera tardía, con artimañas y de forma preferencial”, que “quienes tienen poder económico o político gozan de inmunidad, ya sea por derecho o por influencias, mientras el pueblo pobre paga por crímenes que muchas veces no ha cometido”, y que “el único delito es ser pobre y no contar con los recursos necesarios para ejercer su derecho a la defensa”, de todo esto consigue el riesgo no sólo de que alguien sienta la tentación de hacerse justicia con sus manos, sino más bien de que alguien –para conseguir sus fines políticos–, explote el hambre de justicia y la indignación del pueblo para llegar una vez más a un arreglo de cuentas partidista, a una justicia no imparcial, sino administrada por los vencedores de una guerra civil, tal vez a otro baño de sangre.

El uso de la fuerza y la violencia no dan respuestas o soluciones permanentes, por ello, justamente, los Obispos hacen un llamado a la paz y el respeto de los derechos humanos.

De estos sujetos no se puede esperar, como lo demuestra la misma historia reciente de Nicaragua, una verdadera justicia, porque ellos –una vez alcanzado el poder–, se encontrarían, tanto a causa de la falta de leyes como a causa de la costumbre de irrespetarlas, en la condición de ejercer su albedrío sobre el pueblo.

Y del albedrío surtiría una vez más la búsqueda exclusiva del mero beneficio personal.

* El autor es presidente del PLD.