El Presidente Arnoldo Alemán reconoció por fin, el jueves pasado, que su propuesta de constituyente es inviable. La esperanza del Presidente en que el FSLN apoyara la constituyente se desvaneció con los resultados de las elecciones municipales del 5 de noviembre pasado, que fortalecieron la posibilidad de que los sandinistas ganen las presidenciales del próximo año. Por lo tanto, para el FSLN la constituyente carece de importancia.
En realidad, la propuesta de redactar una nueva constitución en sí misma no tiene nada de malo. Más bien sería positiva, si fuera para fortalecer la democracia, disminuir los excesivos poderes del Ejecutivo, ampliar los espacios de participación política y social de los ciudadanos, establecer el sistema de elección uninominal de los diputados en vez de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos, despolitizar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, crear mecanismos para prevenir y castigar la corrupción, etc., etc.
Pero es obvio que la pretensión del Presidente Alemán no es mejorar la democracia, sino, por el contrario, maltratarla todavía más de lo que ya está maltrecha como consecuencia del pacto libero-sandinista que se hizo para repartir los cargos del Estado entre las dos cúpulas partidistas e imponer el monopolio bipartidista del poder político. El Presidente Alemán no es una persona genuinamente democrática, lo ha demostrado con sus hechos y lo corrobora con sus palabras, pues dice con toda franqueza que quiere una nueva constitución para dar más poderes al Ejecutivo, para fortalecer el autoritarismo gubernamental y permitir al Presidente hacer lo que quiera sin necesidad de consensuar con la oposición la toma de las grandes decisiones públicas. O sea, el Presidente pretende todo lo contrario de lo que es una verdadera democracia, que se basa precisamente en la dispersión del poder y en la celebración de negociaciones, acuerdos y consensos políticos de los gobernantes con la oposición.
Además, es bien sabido que el principal interés del Presidente Alemán en la constituyente es su pretensión de eliminar el impedimento constitucional a la reelección presidencial en períodos consecutivos, que no le permite seguir en el poder después de que concluya su período presidencial en enero de 2002. Es el mismo afán reeleccionista en el que incurren fatalmente todos los políticos de Nicaragua que llegan al poder.
Es bueno, pues, para la quebrantada salud de la nación, que no se satisfagan los propósitos constituyentistas del Presidente Arnoldo Alemán, pues lo más conveniente es que se cumplan los plazos electorales establecidos en la Constitución, con la esperanza de que la ciudadanía pueda elegir algo mejor en la contienda electoral del año entrante.
Por otro lado, el Presidente anunció también el jueves de la semana pasada que convocará a un nuevo diálogo nacional, a principios del próximo año. Aunque algunos sectores políticos se han adelantado a rechazar la propuesta presidencial. La verdad es que un diálogo nacional podría ser positivo si fuera para acordar una reforma de la Ley Electoral, que las recientes elecciones municipales demostraron que es imperiosamente necesaria, por ejemplo para reestructurar al Consejo Supremo Electoral (CSE) a fin de que haya en éste una representatividad política justa y equilibrada, para separar las funciones electorales de las administrativas en el CSE, restaurar el pluralismo partidista, asegurar la transparencia y confiabilidad de los comicios presidenciales y legislativos del próximo año, etc.
La demanda de una reforma electoral democrática puede parecer ingenua, si se considera que quienes controlan la Asamblea Nacional son precisamente los que mediante el pacto libero-sandinista impusieron las restricciones a la democracia que hay ahora en la Ley Electoral. Pero si es cierto lo que dijo el Presidente, el jueves pasado, que propone el diálogo con “el ánimo de bajar las tensiones políticas electorales y porque tiene visión de nación”, así como “para que todos antes de entrar en las elecciones podamos entrar” (sic), entonces él mismo tendría que facilitar la reforma democrática de la Ley Electoral.
Sólo así podría tener sentido un nuevo diálogo nacional. De otro modo sería otra farsa, como los “diálogos” anteriores.
