Mañana tendrá lugar en México un acontecimiento que hasta hace poco tiempo se consideraba como algo imposible: el traspaso pacífico de la Presidencia de la República de manos de un miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —el Presidente Ernesto Zedillo—, a las de un representante del Partido Acción Nacional (PAN) —Vicente Fox—. Fox resultó electo por amplio margen en las elecciones de julio pasado.
El PRI es un producto de la revolución mexicana de principios del siglo pasado, y gobernó México ininterrumpidamente por espacio de 71 años. Se ha caracterizado por ser un partido paternalista y clientelista en lo político, y corporativista en lo económico. El Presidente de la República en los gobiernos priístas era el eje central del poder, mientras que todos los otros poderes del Estado actuaban como simples apéndices del Ejecutivo. Las elecciones eran manipuladas partidariamente, y el presidente saliente escogía a su sucesor. Sin embargo, la no reelección presidencial —uno de los principios fundamentales de la revolución—, fue siempre respetada, y el presidente que terminaba su período perdía todo poder y pasaba al más absoluto retiro político. Bajo la autoridad del PRI, México experimentó muchos altibajos en su economía, llegando a conocer algunos períodos mejores que otros, pero siempre sin poder abandonar su estatus de país subdesarrollado.
Uno de los peores gobiernos del México priísta se dio sin duda alguna durante la presidencia de Luis Echeverría Alvarez, electo en 1970. Echeverría fue un representante de la más redomada izquierda jurásica, y fue sucedido por otro presidente muy parecido a él, José López Portillo. Pero a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, iniciado en 1982, el país empezó una serie de reformas económicas fundamentales que fueron ampliadas por Carlos Salinas de Gortari —de triste recordación por los escándalos de corrupción que se dieron durante su mandato— y por el Presidente actual, Ernesto Zedillo.
Zedillo no sólo consolidó el proceso de reformas económicas iniciado por sus dos predecesores sino que promovió una amplia transformación política que le devolvió al pueblo mexicano la confianza en la democracia. Su apoyo a la creación de una institución independiente para la organización y supervisión de las elecciones hizo posible este año una contienda electoral de gran transparencia y credibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Los miembros de su partido —acostumbrados al manipuleo de los comicios—, culpan a Zedillo por la pérdida del poder político, pero el pueblo mexicano ha reconocido su gran labor democratizadora y lo ha premiado con un nivel de aceptación popular de más del 60 por ciento. Zedillo, además, deja una economía sustancialmente mejor de cómo la recibió.
Ahora le toca el turno al panista Vicente Fox, un empresario agrícola, ex ejecutivo de la Coca Cola y ex gobernador del Estado de Guanajuato. Las esperanzas que los mexicanos han depositado en él son enormes, y el trabajo requerido para hacer que México deje atrás el subdesarrollo es muy arduo. Obviamente que esa tarea no podrá ser completada en un solo período de gobierno, pero si Fox actúa a como lo prometió, se podría avanzar mucho durante su mandato.
En primer lugar, el nuevo presidente está obligado a desmantelar el sistema prebendario y corrupto que estableció el PRI; tarea nada fácil, pero indispensable si es que México quiere en verdad ser parte del mundo desarrollado. Vicente Fox ha dado muestras de estar tomando muy en serio el reto que tiene por delante. Una prueba de ello es la calidad de las personas que escogió para su gabinete. Su escogencia se hizo no en base a su afiliación política sino tomando en cuenta sus méritos y capacidad profesional. Entre ellos sobresale la figura del que será su Ministro de Hacienda, Francisco Gil Díaz, un economista de la Universidad de Chicago, firme creyente del libre mercado y con una manifiesta determinación de poner orden en las finanzas del Estado mexicano.
Hasta hoy Fox ha sido sólo el presidente electo. A partir de mañana será el presidente en funciones de un país que tiene enormes problemas, pero que tiene también un gran potencial de desarrollo. La historia lo juzgará por sus hechos.
