- Gastos ascienden a C$14,276.1
millones, mientras los ingresos
llegan a los C$8,507.6 millones - Donaciones y préstamos cubrirán 72% del déficit
Martha Danelia CoreaGustavo Ortega [email protected]
El déficit fiscal (ingresos menos gastos) propuesto por el Ejecutivo en el proyecto de Ley de Presupuesto 2001, se ubica como el más alto desde 1991, al alcanzar un 15.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superando en casi 13 puntos el nivel de tres por ciento establecido por los organismos internacionales como parámetro de sanidad económica.
Un análisis del proyecto realizado por la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER), organismo que agrupa a unos 300 organismos no gubernamentales, señala que este déficit equivalente a 5,768.4 millones de córdobas, compromete la salud de la economía actual.
El análisis destaca que el nivel de gastos planteados es 34.7 por ciento más alto que el monto aprobado en el 2000 y 39 por ciento que el de 1999, pese a que este último año el presupuesto fue más alto que el anterior debido a las demandas generadas por los efectos provocados por el huracán Mitch.
En tanto el nivel de ingresos crecerá 13.5 por ciento respecto a lo proyectado para el 2000. El proyecto plantea que el 91.8 por ciento de los ingresos deviene de los tributos.
Sin embargo el análisis de la CCER deja en claro que se define una reducción del 7 por ciento en las recaudaciones provenientes del Impuesto General al Valor (IGV) y del 6 por ciento en los aranceles a la importación.
A juicio del especialista en Derecho Tributario, Julio Francisco Báez, el aumento del déficit “significa que estamos en presencia de un Presupuesto General de la República cuyas tres cuartas partas del mismo respecto a los gastos (70 por ciento del presupuesto), es déficit fiscal. Son las cifras más elevadas del déficit fiscal que Nicaragua observa en su historia financiera”.
Consideró que este “gigante” presupuesto del 2001 “está sobre pies de barro, porque será aprobado sin antes existir una evaluación del presupuesto del 1999 y 2000, como lo establece el artículo 39 de la Ley de Régimen Presupuestario”.
Agregó que a esto habrá que sumarle la segunda reforma de 1,400 millones de córdobas que intenta hacerse al presupuesto del 2000 (la primera fue de 350 millones de córdobas en abril pasado).
“Si no se ha evaluado el presupuesto 99 ni el del 2000, el que quieren reformar, todo eso, de manera concomitante (coincide) con la discusión y aprobación del presupuesto. Entonces, hay un traslape presupuestario, de no evaluación de lo pasado, de pretensiones de incremento del presente y de planificación del futuro, se están traslapando tres niveles que son contradictorios, para evitar ese traslape uno de esos niveles tiene que morir y es el de la reforma de 1,400 millones con el que al menos estaríamos ordenándonos de conformidad con la Constitución”, planteó Báez.
SEÑALAMIENTOS RELEVANTES
El análisis realizado por la CCER plantea una serie de hallazgos y sugerencias en torno al proyecto de Ley de Presupuesto del 2001.
– Indica que el gasto destinado a las áreas de gobernabilidad incrementa en dos por ciento respecto al gasto total estipulado.
– La Corte Suprema de Justicia aún no percibe el 4 por ciento del presupuesto estipulado en la Constitución desde hace cinco años.
– Reducción del 40 por ciento de la asignación para la Procuraduría de Derechos Humanos.
– Se reduce el gasto en las áreas de decisión política (Asamblea Nacional, Presidencia, Cancillería, gobiernos del Atlántico y Parlacen, entre otros), pero a pesar de ello el 58 por ciento de lo asignado se utilizaría para gastos de burocracia.
– Señala un incremento considerable en las asignaciones para las direcciones de Aduanas e Ingresos.
– El proyecto no incluye aumentos de salario, ni de personal en la Policía Nacional.
– El monto asignado al Instituto de Desarrollo Rural (IDR) crece 52 por ciento respecto al 2000.
– Advierte que existen partidas de utilización discrecional a lo largo de todo el presupuesto, “que en un año electoral puede convertirse en fondos a utilizarse de manera ilegal, indebida o ineficaz”.
– Aquí mencionan la partida de Imprevistos (C$105 millones), las Asignaciones globales y gastos confidenciales de la Presidencia de la República (C$3,6 millones).
– La CCER sugiere además que “en aras de la transparencia y sanidad de las finanzas públicas, sería conveniente que la Asamblea Nacional no aprobara el proyecto de modificación presupuestaria del 2000”.
– Dichas modificaciones en manos del Parlamento sugieren un aumento en el nivel de gastos por el orden de los 1,400 millones de dólares.
