- En Estelí se instalará próximamente la Oficina Regional de Mediación y Arbitraje que pretende solucionar de manera consensuada los conflictos de propiedad, utilizando el marco jurídico existente. Para quienes reclaman propiedades existe expectativa, no así entre los beneficiarios de ellas que ven esa instancia con desconfianza.
- “Son 10 años de engaño y ahora nos quieren llevar a los Tribunales Arbitrales para enfrentarnos con gente de dinero que tienen abogados y nosotros quedaríamos en desventaja”, afirmó Aldo Rodríguez, que trabaja junto a su hermano José, un desmovilizado de la Resistencia. Sin embargo, la doctora Graciela González, que reclama una propiedad que está en posesión del Movimiento Comunal, se mostró esperanzada de que en este caso brillará la justicia y que su voluntad es resolver el conflicto a través de la vía negociada, como personas civilizadas.
Adolfo Olivas Olivas – Corresponsal [email protected]
Estelí.- La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) adscrita a la Corte Suprema de Justicia, anunció que próximamente instalarán las Oficinas Regionales de Mediación y Arbitraje para conocer los procesos relativos a la propiedad, pero las personas que recibieron tierras y viviendas desconfían de su efectividad, aunque para quienes reclaman representa una expectativa.
Para poner en marcha la DIRAC, la Corte Suprema de Justicia, la Intendencia de la Propiedad, la Procuraduría General de Justicia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscribieron el 5 de octubre del año pasado un convenio para establecer un “Programa para la Solución de Conflictos Relativos a la Propiedad”, utilizando los nuevos métodos contemplados en la Ley 278 (Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria).
Al instalarse las oficinas de Mediación y Arbitraje, la Corte Suprema de Justicia podrá solucionar de manera consensuada el tema de la propiedad utilizando el marco jurídico existente.
La doctora Esperanza Quant, directora de la DIRAC, afirma que el objetivo general del programa es apoyar a la República de Nicaragua en la resolución de los conflictos de propiedad, a través de la puesta en marcha de los nuevos mecanismos alternos establecidos en la Ley 278, en coordinación con el sistema de la propiedad que prevalece en el país.
La sede de las Oficinas del Tribunal Regional está en Matagalpa, y ahí también se atenderá a los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Madriz y Estelí.
Esto ha causado malestar entre las personas que utilizarán los Tribunales Arbitrales que son originarias, por ejemplo, de municipios de Nueva Segovia y Madriz, fronterizos con Honduras.
En visita reciente a la ciudad de Estelí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Plata López, expresó que existe la perspectiva de instalar un Tribunal Arbitral Regional en Estelí, pero que van a esperar los resultados de Matagalpa, porque la creación de estas instancias representa mucho presupuesto para gastos de recursos humanos y materiales.
El dirigente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), ingeniero Alvaro Fiallos, ex director del INRA, calculó que al menos unas 300 mil manzanas de tierras entregadas a oficiales del Ejército y desmovilizados de la Resistencia, tienen problema de legalidad.
FALTA DE VOLUNTAD POLITICA
“Basta con la voluntad política del gobierno para que se resuelva este problema, porque nosotros ya dejamos medidas por topógrafos una buena parte de esas tierras y lo que faltaba era seguir el procedimiento, si no se ha hecho es por la falta de voluntad política”, dijo Fiallos.
El ex funcionario del INRA opina que hay que darle oportunidad a los Tribunales Arbitrales y que los primeros resultados se van a conocer cuando estén instalados, que “no se presten a una manipulación política y que sus fallos sean de acuerdo con las leyes”, apuntó.
Sin embargo, el presidente departamental de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), Erick Humberto Gómez, considera que “no hay que acudir a los Tribunales de Arbitrajes para que estas instancias se queden obsoletas e ineficaces”.
“Estos Tribunales son tribunales arbitrarios, que serán utilizados por el gobierno para despojar a los campesinos de las propiedades que les otorgó la Reforma Agraria”, advirtió.
“Nosotros los campesinos que hemos sido beneficiados con tierras en la zona de Miraflor, no vamos a recurrir a los Tribunales Arbitrales, porque tenemos el temor de que seamos despojados de las propiedades”, coincidió Alcibíades Rugama, presidente del Consejo de Cooperativas de Miraflor.
PROCEDIMIENTO DE MEDIACION Y ARBITRAJE
La doctora Mercedes Jirón, Juez de Distrito de lo Civil de Estelí, informó que en esa instancia judicial existen paralizados más del 40 por ciento de los juicios en espera de la instalación de las Oficinas de Mediación y Arbitraje.
Todos estos procesos iniciados por el Estado o por los interesados, deberán ser enviados obligatoriamente al trámite de conciliación, y el Juez de la causa designará a un mediador que servirá de “amigable componedor y ante el cual deberán concurrir las partes”.
“Los comparecientes debatirán el asunto exponiendo las razones que estimen pertinentes. El mediador hará reflexiones ante los comparecientes sobre la conveniencia de llegar a un avenimiento, los invitará a que propongan un arreglo y también podrá hacerles propuestas tendientes a la solución amistosa del asunto”, dice la Ley 278.
Si no hubo acuerdo en el Trámite de Mediación, las partes pueden solicitar que se someta el asunto al Tribunal Arbitral o bien continuar el proceso en el Juzgado que radica la causa.
“El Trámite de Mediación es obligatorio, pero el arbitramiento es voluntario”, aseguró la doctora Jirón, quien expresó que a ella la Corte Suprema de Justicia solamente le ha notificado el nombramiento de la doctora Glenda Ibarra, como mediadora.
