- Asegura que hicieron contrato sin licitación y violaron Ley de Contrataciones del Estado
Mario Sánchez P. [email protected]
La Contraloría pretende acusar la próxima semana, ante los tribunales, al concejal Pedro Solórzano y al ex alcalde de Managua, Roberto Cedeño, porque supuestamente halló evidencias de responsabilidades administrativas y penales en un contrato que la Comuna le adjudicó a una empresa del hermano de Solórzano, dijo a LA PRENSA una fuente del órgano de fiscalización estatal.
Cedeño y Solórzano son acusados por haber asignado contratos por 12 millones de córdobas, a la empresa Solectra Industrial de la familia Solórzano, que fabricó contenedores metálicos para el depósito de basura .
La Contraloría buscó evidencias en la Alcaldía de Managua y en informes de la empresa estatal Emensa, que Juan Solórzano Castillo, hermano de Pedro, subcontrató para la fabricación de los contenedores.
Según la Contraloría, Cedeño y Solórzano hicieron contratos sin licitación pública y dividieron 12 millones de córdobas en varios contratos de montos menores, violando la Ley de Contrataciones del Estado.
En los contratos pequeños también se violó la misma ley, porque ésta establece que los contratos con una misma empresa pueden firmarse uno cada seis meses, mientras que el alcalde Cedeño y Solórzano firmaron al menos uno mensual, dos veces al mes o cada tres meses y por montos que superan los 200 mil córdobas.
Solórzano hizo una escritura y le dio un poder de administración a su hermano Juan, pero él continuó siendo dueño de la empresa y gozando de las ganancias que generó con la fabricación de los contenedores, considera la Contraloría, según la fuente.
Otra evidencia contra Cedeño y Solórzano es que los seis contratos prohíben la subcontratación de otra empresa para fabricar los contenedores, pero Juan Solórzano subcontrató a la empresa metalúrgica estatal Emensa, para la elaboración de los mismos.
A JEREZ NO LE HALLARON RESPONSABILIDAD PENAL
Byron Jerez fue perdonado por la Contraloría, a pesar del “modus operandi” para dar por desaparecidos 6 millones 320 mil 783 córdobas, que suman 14 cheques emitidos contra notas de crédito de Petronic, a nombre de personas naturales y jurídicas.
Cómo único castigo, la Contraloría ordenó su destitución de la DGI, al igual que contra Jorge Solís Farias, ex gerente general de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) y de Nevardo Argüello, gerente general de Petronic.
Para remate, Walter Solís, entonces Juez Suplente del Distrito del Crimen de Managua, también encontró inocente a Byron Jerez y a Jorge Solís Farias por el caso de los checazos, por lo que hubo una protesta pública y pidieron la destitución de ese juez.
