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Ramón Rojas Méndez, con amplia experiencia en asuntos penales, no está de acuerdo en que “bajo su responsabilidad, a la Policía se le dé vastas facultades para que ordene capturas sin orden judicial”.
A su juicio, eso no es recomendable y normal para Nicaragua, porque ante un eventual abuso de parte de los miembros de ese órgano, ningún ciudadano se atreverá a oponerse a un policía de línea, menos a un comisionado.
Rojas, también catedrático, se opone tajantemente a la delación como recurso para obtener rebaja en las penas. En ese sentido dijo que con tal de salir de la cárcel un procesado hasta puede inventar cualquier cosa en perjuicio de terceros.
Agregó que algunas disposiciones limitan ciertos recursos de apelación. “Eso no puede ser porque el derecho que tiene una persona de que se le revise su caso en segunda instancia está contemplado en la Constitución”.
Rojas expresó que Códigos como éste son usados en el sistema anglosajón y el borrador recién entregado a la CSJ es una copia del que aplica el Estado de La Florida.
“Están importando legislaciones… no consultaron a quienes están imbuidos de esta temática y a los que se han opuesto les dicen que el Código va a como sea… Los del Norte quieren imponer su Código para Nicaragua como si fuéramos uno más de sus Estados”, dijo.
Advirtió que detrás de la supuesta imposición hay una voluntad política-económica, y lo peor “es que son extranjeros quienes lo hicieron y ni en sus países esa legislación ha dado bola, porque por ejemplo, en Guatemala, diariamente (la gente) está haciendo justicia por su propia mano”.
El jurista recomendó que por lo menos deberían dejarlo mixto (oral y escrito), de lo contrario, traerá problemas y aplicarlo repentinamente es peligroso, dijo.
