- En 22 días de operación ilegal, las pérdidas se estiman en US$2 millones
Ary Neil Pantoja [email protected]
La “desarticulación” del último telepuerto ilegal ha dejado como conclusión que los equipos utilizados por los “piratas” de las telecomunicaciones son más modernos, sofisticados y costosos y, además, que las autoridades de la Policía Nacional continúan sin capturar a los verdaderos responsables de este delito.
La mañana de ayer agentes de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), detuvieron a José Antonio Zamora Cruz, de 42 años; Carlos Dionisio Suazo (37), Wilfredo Ramón Parrales Quintero (30) y Lucía del Socorro Ramírez López, todos nicaragüenses, quienes se encontraban en la vivienda.
Las autoridades buscan a Mario Gómez Zagatú, posiblemente de origen guatemalteco u hondureño, que, según declaraciones de los detenidos, alquilaba la vivienda donde fue encontrado el equipo con que operaba el telepuerto.
El negocio ilícito funcionaba en una vivienda ubicada en la Colonia “Cristhian Pérez” (antigua Colonia Salvadorita), de donde fue el Cine Rex, media cuadra al sur, contiguo a la popular Pizzería Valenti, y pertenece al señor Jaime Fernando Prado, quien alquiló el inmueble a Gómez Zagatú, hace un mes. De acuerdo a las autoridades policiales, éste se encuentra prófugo.
La Policía y las autoridades de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), ocuparon una antena parabólica, utilizada para bajar la señal de satélite y una moderna planta con capacidad para operar 20 líneas telefónicas a la vez.
El equipo era utilizado para realizar teleconferencias entre Estados Unidos y varios países de Europa, entre ellos Inglaterra, Francia, España e Italia. Las pérdidas en que incurrió Enitel en 22 días de operación del telepuerto se calculan en más de dos millones de dólares.
FACTURA ELEVADA LOS DELATO
Según funcionarios de la empresa, sospecharon de la vivienda al ver lo “elevado” de la factura telefónica, por lo que solicitaron una investigación policial. Las autoridades policiales allanaron la vivienda mediante orden judicial emitida por el Juzgado Séptimo Local del Crimen de Managua, logrando la detención de los cuatro nicaragüenses y el decomiso del equipo.
El dueño de la casa, Jaime Fernando Prado, se presentó al lugar y fue interrogado por las autoridades policiales. Negó tener algo que ver y se limitó a decir que “simplemente alquilé la vivienda a Gómez Zagatú” hace un mes. Prado no fue detenido por las autoridades.
En declaraciones a los medios, la joven Lucía del Socorro Ramírez López dijo desconocer lo relacionado con la operación del telepuerto y se limitó a decir que fue contratada para realizar las labores domésticas. La Policía continuará con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en el delito.
Ramírez dijo que, en varias ocasiones, llegaron “unos hombres” a trabajar en el segundo piso de la casa, donde estaban ubicadas la planta telefónica y la antena parabólica.
CRONOLOGIA
– En junio del año pasado las autoridades encontraron el primer telepuerto ilegal, el cual dejó pérdidas a Enitel por el orden de los 15 millones de córdobas en un mes de operación, bajo la cobertura de tres empresas ubicadas en lugares distintos de la capital.
– En esa ocasión, cinco personas, entre ellas tres salvadoreñas y dos nicaragüenses, fueron detenidas y pasadas a los juzgados, acusadas del delito de defraudación en contra de la empresa de telecomunicaciones. A esta fecha, la Policía Nacional nunca capturó al supuesto autor material del delito, identificado como Kalim Habed, de origen beliceño.
– El otro telepuerto fue encontrado en noviembre del año pasado y operaba en el módulo 2-H de la Plaza Inter, bajo el nombre de Empresa ComNet. En este caso la Policía detuvo a Edgard Monterroso (actualmente en prisión) y se condenó en ausencia a Juan Pablo Galindo (prófugo), ambos de nacionalidad guatemalteca.
– El último telepuerto fue “desmantelado” por la Policía en febrero de este año, en el Barrio Ocho de Marzo, ubicado en el costado norte del Mercado “Iván Montenegro”, aquí se calcularon pérdidas de 35 millones de córdobas. En este caso fueron procesadas ocho personas, pero no se logró dar con el paradero del cabecilla.
