Lucía Vargas – [email protected]
CARAZO.-Un promedio de 1,500 personas, entre ellas niños en edad preescolar y lactantes, están sufriendo acoso por parte de los dueños de las 37 cuarterías que hay en esta ciudad y que fueron decretadas de utilidad pública en la década del ochenta.
Según los informantes, la Corte Suprema de Justicia aprobó un recurso de amparo en el que sólo incluye a siete dueños, entre ellos: don Pompilio Solano, Elna Baltodano, Julio Cordero, Leonel Tapia Valverde, Mirna Robleto y el Sr. Octavio Lacayo, pero ahora los otros 30 ex dueños se incluyen dentro de ese amparo.
Isidro Guadamuz, habitante de la Cuartería de Pompilio Solano, dijo que las iniquidades que están recibiendo por parte de estos señores han llegado al extremo de atentar contra los derechos humanos y señaló que hasta a un señor de 70 años lo agredieron con un garrote y luego éste fue llamado a declarar a la Policía porque fue acusado por su agresora, que supuestamente fue la señora de don Pompilio.
Los quejosos dijeron a LA PRENSA que no cuentan con agua potable ni luz eléctrica desde hace más de dos meses que iniciaron los problemas con los ex dueños de estas viviendas.
Además expusieron que hasta la Policía actúa a favor de los dueños, por supuestos favores que éstos le hacen al órgano policial. Lo que para los denunciantes significa que las instituciones están siendo utilizadas para presionar y que las familias que allí habitan desalojen los cuartuchos.
Entre los 30 que están decretados como utilidad pública mencionaron al Sr. Plinio Silva, alcalde municipal de Diriamba y a su hermano, don Dámaso Silva.
Al respecto, el alcalde Silva explicó a LA PRENSA que no está dispuesto a perder algo que significa una herencia sentimental de su madre, “quien se ganó la vida cosiendo” para dejarles esas propiedades a él y a su familia.
Indicó que todo el paquete de las cuarterías fue incluido dentro de ese recurso de la Corte Suprema y por lo tanto él no va a ceder lo que le pertenece según la ley.
Don Isidro Guadamuz y otros vecinos dijeron que la mayoría de habitantes son inquilinos desde 35 a 40 años, y que han pagado sus alquileres por un lapso de tiempo mínimo de 30 años, hasta que se declaró de utilidad pública a dichas cuarterías.
“Lo que nosotros queremos es que nos dejen en paz y no sigan acosándonos por la vía del agua y la luz. Lo que perseguimos es que se respete esa declaración de utilidad pública”, recalcó Guadamuz.
