Consuelo Sandoval consuelo.sandoval@laprensa,com.ni
Varias instituciones del Estado ejercen competencia desleal contra empresarios nacionales de construcción al contratar a intermediarios sin calificación, y también lo hacen empresas extranjeras que operan exoneradas de impuestos y con grandes márgenes de utilidades, denunciaron ayer directivos de la Cámara de la Construcción ante la comisión de Infraestructura del Parlamento que preside el diputado Wilfredo Navarro.
Francisco Reyes, presidente de la Cámara de Construcción se lamentó porque el sector construcción se encuentra en “crisis y manos arriba porque no tiene trabajo”, pese al “boom” de la construcción en Nicaragua que se refleja en la venta de 1.3 millones de quintales anuales de cemento.
Reyes atribuyó tal crisis a que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), asigna sus proyectos a su propia intermediaria, la Corporación de Empresas Estatales (COERCO), y a que el Fondo de Inversión Social de Emergencia, el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y la Alcaldía de Managua, suscriben contratos con unas 40 empresas intermediarias evasoras de impuestos, por lo cual, “sus ofertas son inferiores en 24.5%, pues no pagan tributos como deberían, ni prestaciones sociales ni seguro social, entre otros”.
Las empresas extranjeras, dijo, se llevan todas sus ganancias al exterior y contra las que no pueden competir porque “las regulaciones de precio y calificaciones son inalcanzables para los contratistas nacionales”.
