- En los años ochenta, Gorriarán Merlo vivió en Managua, vinculado a los órganos de inteligencia sandinistas, que jefeaba el Coronel cubano Renán Montero, teniendo como domicilio fijo una casa en Villa Fontana, cerca de la rotonda General Omar Torrijos Herrera, a pocos metros del domicilio de Jacinto Suárez, ex jefe de inteligencia y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén)
Eduardo Marenco [email protected]
Veinte años después de comandar el atentado a Somoza, el ex guerrillero argentino Enrique Gorriarán Merlo, se encuentra condenado a cadena perpetua en su país natal, acusado de dirigir el asalto al cuartel militar “La Tablada”, en la capital argentina, que dejó un saldo de 39 muertos, la mayoría de ellos combatientes.
El asalto al cuartel “La Tablada”, en Buenos Aires, fue realizado por el grupo guerrillero “Movimiento Todos por la Patria” (MTP), en enero de 1989, durante los últimos días de la presidencia de Raúl Alfonsín.
En dicho asalto –entre otros— murieron “Susana” y “Armando” (Ver nota aparte), dos guerrilleros argentinos que participaron en el atentado al dictador Anastasio Somoza Debayle, perpetrado 20 años atrás en la capital paraguaya.
Gorriarán Merlo, de origen argentino, nació el 19 de octubre de 1941 en San Nicolás, una de las últimas provincias de Buenos Aires. Estudió Ciencias Económicas y llegó a ser miembro de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
En 1971 cayó preso, siendo confinado hasta la Patagonia en el penal de Rawson. Al salir en libertad, pasó a la clandestinidad y se unió a la guerrilla en Tucumán, en la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, donde la mayoría fueron exterminados por el ejército argentino.
Después viajó a Nicaragua, donde se integró al Frente Sur. Posteriormente se integró a las fuerzas armadas y de inteligencia, donde entre otras acciones, participó en la ejecución del “Comandante Bravo”, Pablo Emilio Salázar, en Honduras. “Bravo” era el principal lugarteniente de Somoza.
En los ochenta fundó el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que intentó tomar por asalto el cuartel militar “La Tablada”. Murieron 39 personas, siendo ejecutados varios guerrilleros por miembros del ejército argentino.
El 28 de octubre de 1995, mientras permanecía residiendo en México, la inteligencia argentina lo detectó y lo detuvo en Tepostlán, México. Fue extraditado a Argentina y guarda prisión desde entonces, condenado a cadena perpetua por el asalto a “La Tablada”.
En los años ochenta, Gorriarán Merlo vivió en Managua, vinculado a los órganos de inteligencia sandinistas, que jefeaba el Coronel cubano Renán Montero, teniendo como domicilio fijo una casa en Villa Fontana, cerca de la rotonda General Omar Torrijos Herrera, a pocos metros del domicilio de Jacinto Suárez, ex jefe de inteligencia y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén).
MENSAJE DE SOLIDARIDAD DE DANIEL ORTEGA
De acuerdo a testigos presenciales, Gorriarán Merlo permanece recluido bajo un sistema de máximo cuidado, que lo mantiene aislado de los otros prisioneros, en una celda donde dispone de ciertas condiciones y un pequeño patio para caminar. Entre otras cosas mantiene una biblioteca, donde conserva libros como “El Capital”, de Carlos Marx.
Desde su detención y condena, el Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, abogó ante el gobierno argentino por la libertad de Gorriarán Merlo, bajo la figura de una amnistía política.
En la actualidad, Gorriarán Merlo y el resto de trece reos de “La Tablada”, reanudaron una huelga de hambre la semana pasada demandando que el Congreso argentino apruebe una ley que admita un recurso de revisión del proceso judicial que los condenó a cadena perpetua hace once años, lo cual les permitiría alcanzar la libertad.
Gorriarán Merlo no sería beneficiado por el proyecto de ley presentado por el diputado aliancista Rafael Torres Molina, según reportes del diario El Clarín de Argentina. Los favorecidos serían: Miguel Aguirre, Alberto Díaz, Roberto Felicetti, Isabel Fernández de Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto, Sergio Paz, Néstor Rodríguez y Claudio Veiga.
Asimismo, el sacerdote Juan Antonio Puigjané, quien cumple una condena de veinte años y actualmente sufre prisión domiciliaria, y los hermanos Ramos, que cumplen su pena en España por tener nacionalidad española.
Los reos de “La Tablada” ya habían protagonizado este año una primera huelga de hambre de 46 días, entre el 29 de mayo y el 13 de julio, la cual suspendieron luego que un grupo de legisladores se comprometieran a discutir el proyecto ley en el Congreso argentino.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha insistido ante el gobierno argentino que los reos tienen derecho a una instancia de apelación del juicio por el que fueron condenados, en octubre de 1989.
De aprobarse la Ley en el Congreso, los presos dejarían de ser condenados para convertirse en procesados con 11 años de proceso y esto permitiría su excarcelación. Así estarían incluidos en el “2×1”, régimen que considera cada año de prisión durante el proceso como el equivalente a dos años de condena cumplida, explican los reportes de El Clarín.
El martes 12 de septiembre pasado, los familiares de los reos se reunieron con el secretario privado del presidente Fernando de la Rúa, para reiterar su reclamo por la nueva ley que permita a los acusados una revisión de sus condenas.
De la Rúa fue uno de los impulsores de la “Ley de Defensa de la Democracia”, la cual fue aplicada a los condenados de “La Tablada”, sin derecho a apelación.
