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Los candidatos a la Alcaldía de Managua por las cuatro agrupaciones políticas participantes en la contienda electoral municipal, rechazaron ayer de forma unánime las millonarias indemnizaciones que se recetan los funcionarios públicos, según declaraciones que ofrecieron a LA PRENSA.
Para el candidato del oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, las personas o empleados públicos que ejercen cargos sobre la base de una vinculación política “no tienen derecho a indemnización y esto pasa con alcaldes, Ministros y Presidentes de Entes Autónomos”.
Navarro y su compañero de fórmula Alejandro Fiallos, hicieron públicas sus respectivas liquidaciones porque según dijeron “queremos demostrar nuestra transparencia y que somos consecuentes con lo que decimos. No estamos cobrando esas indemnizaciones millonarias”.
Navarro obtuvo una liquidación de C$ 36.400 al culminar su gestión de tres años como Ministro del Trabajo; en cambio, Fiallos recibió C$43. 503.60 por su desempeño durante un año como Vice ministro de Transporte e Infraestructura.
El candidato por Camino Cristiano Nicaragüense, Carlos Guadamuz, calificó de grosero e incorrecto que haya indemnizaciones exorbitantes, sin embargo, estimó que a los funcionarios tienen derecho a liquidaciones conforme lo estipula la ley.
En tanto, el candidato sandinista Herty Lewites, consideró que las indemnizaciones son “absurdas” y se pronunció en contra de que el país esté dando una mala imagen ante la comunidad donante.
“Varios embajadores me han dicho que es una cosa increíble porque ellos están dando ayuda para el desarrollo de Nicaragua y no para que se estén recetando millonarias indemnizaciones”, comentó Lewites
En opinión del candidato conservador, William Báez, el ex presidente de la Junta Directiva de la Cementera debe devolver el dinero que recibió y dijo estar contra las indemnizaciones porque “es una práctica de este gobierno que la viene ejecutando desde que entró. En el gobierno anterior nunca se hizo y que señalen a alguien que lo haya hecho”.
En tanto, la Bancada Sandinista interpuso ante la Primera Secretaría del Parlamento, un ante proyecto de ley denominado “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”.
