Consuelo Sandoval [email protected]
El ex presidente de la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento, Gabriel Levy Porras, recibió una indemnización por US$98,366,26, al dejar su cargo en diciembre pasado.
De acuerdo a los documentos de liquidación e indemnización en poder de LA PRENSA, Levy Porras laboró desde enero de 1999 hasta el 31 diciembre de ese mismo año, devengando un sueldo de $10.000.00 mensuales, sin incluir los gastos de representación, tarjetas de crédito y otras prestaciones.
El ex funcionario recibió su liquidación final en tres partidas, basada en los artículos 45 y 47 del Código del Trabajo, cuyos cheques fueron rubricados por el gerente general de la Cementera, Guillermo Ramírez y el asistente de la presidencia ejecutiva, Randolfo Zeledón.
La primera cuota se emitió el 21 de diciembre de 1999 con el cheque número 0000383; por un monto de $30,000,00 de la cuenta # 24-00005-2, del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), sucursal Plaza España.
El segundo cheque por otros $30,000,00, fue emitido dos días después bajo el número 0000355 de la cuenta #110-03-001-004697-3 del Banco de Finanzas (BDF).
El último cheque por un valor de $35,972,23 fue girado el 29 de diciembre del mismo año y a la misma cuenta del BDF.
A los tres cheques habría que sumarles $2,394,27, que se le dedujeron a Levy por dos préstamos personales que poseía en el Banco Mercantil, cifra con la cual, totalizan la suma de $98,366.50.
El artículo 45 estipula que “cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada pagará al trabajador una indemnización equivalente a: un mes de salario por cada año de trabajo; y veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año”…
En cambio el artículo 47 señala que “Cuando se trate de trabajadores de confianza descritos en el acápite a) del artículo 7 del presente Código no habrá reintegro, pero el empleador deberá pagar en concepto de indemnización una cantidad equivalente entre dos meses y hasta seis meses de salario, siempre y cuando el trabajador tenga un mínimo de un año continuo de trabajo, sin perjuicio del pago de otras prestaciones o indemnización a que tuviere derecho”.
Sin embargo, a Levy le pagaron según el detalle de la liquidación, como si laboró tres años y medio, pues le calcularon 3.67 meses de salario, aplicándole el artículo 45 del Código del Trabajo y otros 6 meses de salario en calidad de empleado de confianza estipulado en el artículo 47 de la misma legislación.
El actual gerente general de la Cementera, Guillermo Ramírez, dijo que la millonaria indemnización de Levy fue elaborada conforme establece la ley y el reglamento interno de la compañía. Ramírez se rehusó a revelar el monto que reciben en concepto de dieta los miembros de la Junta Directiva porque “no es competencia de los medios de comunicación”, y pese a que reconoció que un 95% de las acciones son estatales, sostuvo que “el Estado es un simple tenedor de las acciones, pero concurre como particular o socio y no como Estado”.
Contrario a declaraciones anteriores, Ramírez aseguró que la Cementera es una empresa auto financiable y rentable.
Ramírez reveló que en ese período los miembros de la Junta Directiva la conformaban el ex director general de Ingresos, Byron Jerez Solís; José Marenco Cardenal, actual titular del Ministerio de Agricultura; Jamileth Bonilla, ministra de Acción Social; Gustavo Narváez Picado, Oscar Martínez Campos y el representante sindical Oscar González.
Por su parte, Levy reaccionó molesto y dijo que su liquidación fue hecha conforme la ley y que desde hace 10 meses se dedica a laborar en su empresa familiar “Agencias Levy”, que tiene 60 años de existencia.
Aseguró que de la misma forma que recibió su liquidación lo han hecho los anteriores presidentes de la Junta Directiva y que él entregó su cargo al ahora magistrado del Poder Electoral, Jorge Incer Barquero.
Levy atribuyó la filtración de los documentos a “celos y envidia de mucha gente que hay, y por eso cayeron en sus manos con tanta facilidad”.
Levy aseguró que también el dirigente de los trabajadores de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Entel), Mario Malespín, recibió en indemnización “cientos de miles de córdobas, y nadie dijo nada”.
