- Expertos alertan sobre efectos
de los productos modificados
genéticamente, como la mayoría
de los alimentos para niños - Aunque la aprobación de la Ley no generó mucho “ruido”, hay sectores que la rechazan decididamente
Valeria Gonzá[email protected]
La salud de la población infantil podría estar en peligro porque las transnacionales están introduciendo al país productos transgénicos, como por ejemplo leche en polvo a base de soya, hojuelas de maíz, papas tostadas, entre otros productos alimenticios provenientes de Estados Unidos, alertó el ecólogo Alvaro Fonseca.
Añadió que la aprobación en febrero de la Ley 318, o Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, constituye una amenaza a la salud de los nicaragüenses, en especial la de los niños, porque en la mayoría los productos de consumo infantil podrían ser transgénicos.
Los alimentos transgénicos, creados por cruce genético, podrían causar la muerte, intoxicación y alergias en los consumidores, afirmó Fonseca.
En 1990 la Revista Times en Estados Unidos, publicó que mil personas que ingirieron productos transgénicos sufrieron discapacidad, 37 murieron y muchas enfermaron, informó Gerardo Mejía, especialista en genética.
Manifestó que las compañías interesadas en introducir productos elaborados por medio de la ingeniería genética, buscan un nombre diferente para que estos productos pasen por otras cosas, pero en otros países a los productos transgénicos les dicen su nombre, sustancias equivalentes o vegetales.
En los Estados Unidos las compañías deben cumplir con una serie de requisitos para demostrar que no es un producto lesivo a la salud. Las empresas hacen pruebas en animales antes que el ser humano ingiera el producto.
Las pruebas se realizan por un período de cuatro meses, después se realiza en personas voluntarias, quienes se someten a un proceso de monitoreo en sus signos vitales y una vez que el alimento es puesto al mercado, le ponen una etiqueta y queda al riesgo de cada quien consumirlo.
Añadió que el país por las limitaciones tecnológicas no está en capacidad de realizar el proceso de prueba y monitoreo en los productos transgénicos que se elaboren o se introduzcan al país.
Indicó que cuando un producto transgénico sea creado o introducido al país, debe estar debidamente etiquetado para que quede a opción de cada quien consumir el producto.
“Resulta raro que los parlamentarios nicaragüenses aprueben una ley tan rápido, habiendo otras leyes interesantes que podrían beneficiar al país, es probable que alguien hubiera andado interesado en su aprobación”, comentó el galeno.
Agregó que la aprobación de la ley se debió haber hecho con una previa discusión con todos los organismos que estaban a favor y en contra de su aprobación para aclarar los puntos de la ley. De realizarse un proceso de consulta, el galeno se puso a la disposición de las personas que deseen conocer más sobre el asunto.
LEY ES «CABALLO DE TROYA»
A juicio del ecólogo Alvaro Fonseca la Ley 318 fue aprobada de una manera irregular, sin haber realizado las consultas pertinentes con la sociedad civil. En su artículo primero refiere que:
La Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, tiene como objeto establecer las normas para la protección de los derechos de las personas naturales o jurídicas que mediante la manipulación genética haya creado o descubierto y puesto a punto una nueva variedad vegetal, a quien se le denomina el obtentor.
Esta ley es un “Caballo de Troya”, porque detrás de su aparente ropaje técnico existen implicaciones serias sobre el ambiente y salud de los nicaragüenses. La mencionada ley permite la patente sobre seres vivos y posibilita la entrada de organismos transgénicos.
Dada la forma en cómo fue elaborada perjudicará la salud de las personas y afectará los recursos naturales.
Un grupo de profesionales encabezados por Fonseca introdujo un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que viola 12 artículos, entre los más importantes destaca el 59, 60 y 102. Los dos primeros refieren al derecho de los nicaragüenses a la salud y habitar un ambiente saludable y el último refiere que los recursos naturales representan un patrimonio para los nicaragüenses.
Por su parte Francisco Rosales, magistrado de la CSJ, manifestó que tendrían que valorar el sustento del recurso para decir que la ley es inconstitucional. El sistema de computación determinará a cuál de los magistrados le tocará estudiar el recurso.
Noticias Relacionadas:
