Ciudadano embarga dieta de ocho concejales

Son 300 mil córdobas más costos y gastos de ejecución por impedir instalación de Esso Alina Lorío – [email protected] OCOTAL. El Juez Local de Ocotal, Mario José Barberena Rodríguez, ordenó la pasada semana a la administración de la Alcaldía Municipal que “trabe embargo preventivo en bienes señalados como propios” de ocho concejales que impidieron al […]

  • Son 300 mil córdobas más costos y gastos de ejecución por impedir instalación de Esso

Alina Lorío – [email protected]

OCOTAL. El Juez Local de Ocotal, Mario José Barberena Rodríguez, ordenó la pasada semana a la administración de la Alcaldía Municipal que “trabe embargo preventivo en bienes señalados como propios” de ocho concejales que impidieron al señor Roberto Rubio la instalación de una gasolinera Esso, en un lugar céntrico de la ciudad.

Los concejales señalados en el escrito del Juez Local son Felipe Santiago Chow, Verónica Fiallos Moncada, Juan de Dios Alemán Gómez, Luis Manuel Marchena, Oscar Danilo Mantilla Midence, Bayardo González, Gloria Marín y Julio Rubio Agurcia. No incluyen en la lista a la concejala y secretaria del Concejo Municipal, licenciada Miriam Balladares y a la alcaldesa Martha Adriana Peralta.

Según la notificación judicial, las cantidades embargadas son de 1,356 córdobas que se supone la Alcaldía paga por su oficio de concejal y 1,500 córdobas en concepto de dieta, para un total de 300 mil córdobas, más una tercera parte para responder por las costas y gastos de ejecución.

w Sorpresa para los concejales

La sorpresa del embargo preventivo de la dieta fue para todos los concejales, pero fue mayor la del concejal Julio Rubio, hermano del promotor del embargo preventivo, “porque se mezcló un pleito familiar donde Roberto siempre ha tratado de implicar a terceros en el problema que ocasionó la repartición de herencias”.

Julio Rubio consideró que es inaudito que su hermano le esté cobrando a los concejales 300 mil córdobas y que les aplique un embargo preventivo porque supuestamente se han negado a pagarle. También lamentó que en este caso se haya implicado el asesor legal de la Alcaldía en ese entonces, el licenciado Juan Ramón Vílchez, quien fungió como juez partidor de la herencia de la familia Rubio.

Por su parte, el concejal liberal Bayardo González incluso hasta desconoce las razones del embargo de su dieta por reuniones y comisiones. “En lo personal no tengo nada contra el señor Roberto Rubio y si tomamos la decisión de no aprobarle su petición de instalar la gasolinera Esso en el centro de la ciudad fue porque nos apegamos a Ley y derecho”, refutó el señor González.

El concejal sandinista Felipe Santiago Chow dijo que esperará el plazo que amerita el caso, de 15 días, para que el señor Roberto Rubio solidifique su demanda y que demuestre que los concejales le deben esa cantidad de dinero que menciona, de lo contrario “nos reservaremos el derecho de actuar legalmente en contra del señor Rubio”, manifestó.

ARGUMENTOS DE CONSEJALES

Los concejales argumentan que la concesión de la Esso la mantiene el señor Carlos Torres, quien se vio obligado a cerrar el negocio cuando el terreno que le arrendaba el concejal Julio Rubio fue recuperado por Roberto Rubio. A solicitud del mismo señor Torres a través de Julio, el Concejo procedió a aprobar una permuta que le permitiera reinstalar la gasolinera fuera de área urbana.

Sin embargo, una decisión administrativa le dio el visto bueno a Roberto Rubio, para que reabriera la gasolinera en el lugar donde antes había funcionado y el Concejo rebotó la decisión suspendiéndole la autorización inicial.

Para ayer lunes, en sesión ordinaria del Concejo Municipal de Ocotal estaba prevista la discusión de la notificación de embargo preventivo de la dieta y comisiones.  

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