- DGI sigue siendo utilizada como arma política del gobierno liberal
- Holmann aconseja a Escobar Wong actuar con “sensatez y prudencia” para “evitar constituirse en el nuevo eslabón del acoso gubernamental contra la libertad de prensa en general y contra este medio de comunicación en particular”
Eduardo [email protected]
La Dirección General de Ingresos (DGI) insiste en cobrar un millonario reparo fiscal al Diario LA PRENSA, a pesar de que ha emitido numerosas solvencias fiscales a favor del Diario y de que el reparo en sí adolece de nulidad absoluta, denunció el gerente general de Editorial LA PRENSA, S.A. e Inversiones Mayales S.A., Hugo Holmann Chamorro.
Holmann calificó de “inocultable obsesión política que pretende destruirnos” el interés de la DGI en cobrar un reparo fiscal de más de C$6 millones al diario LA PRENSA, por lo que se recurrirá de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la resolución de la asesoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que ratificó el mismo.
El reparo fiscal se originó de una auditoría de la DGI iniciada a principios de 1999, bajo la administración del tesorero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Byron Jerez, cuando LA PRENSA publicó indagaciones sobre el aumento del patrimonio del presidente Arnoldo Alemán y otras anomalías gubernamentales, hasta llegar a publicar las escandalosas irregularidades en la DGI, caso conocido como el de los “checazos”, lo cual conllevó a la destitución de Jerez.
El 11 de agosto pasado LA PRENSA recibió dos comunicaciones de la DGI dirigidas a Editorial LA PRENSA, S.A. e Inversiones Mayales, S.A. suscritas por Enrique Bermúdez Silva, identificado como “abogado fiscal notificador-DGI” en la que se advierte de la necesidad de poner fin a la mora de LA PRENSA con el fisco.
En respuesta a esas comunicaciones, el gerente general de LA PRENSA, Hugo Holmann, envió ayer al director de la DGI, Rodolfo Escobar Wong, una aclaración preventiva en la que señala que no existe un adeudo del diario con el fisco como lo demuestran las solvencias fiscales que de forma regular y sostenida se han emitido a favor del Diario.
Las solvencias fiscales son emitidas a favor de un contribuyente cuando no tienen ninguna mora con el fisco.
Holmann advirtió a Escobar Wong que al no haberse agotado los recursos legales del Diario para apelar contra el reparo fiscal, no existe “fallo ejecutoriado” del mismo, y por tanto, el mismo no puede ser aplicado.
Además, Holmann advirtió a Escobar Wong que si la DGI impulsa el cobro judicial establecido en el artículo 45 de la legislación tributaria, “usted se encontraría a las puertas de la posible comisión de los siguientes delitos expresamente tipificados en nuestro Código Penal vigente: abuso de autoridad, exacción ilegal y concusión”.
En la carta también se aclara a la DGI que los apoderados legales judiciales de Editorial LA PRENSA, S.A. y de Inversiones Mayales, S.A. son los doctores Roberto Argüello Hurtado y Julio Francisco Báez Cortés, a quienes se les debe hacer llegar cualquier tipo de notificación.
En la misiva, Holmann pregunta a Escobar Wong si ya se dieron cuenta en la DGI que la resolución de la asesoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “adolece de nulidad absoluta”, ya que el Tribunal de tres miembros se integró para fallar únicamente con dos de ellos, transgrediéndose los artículos 11 y 12 de la Ley Creadora de la DGI y el artículo 4 del Decreto No. 15-97 sobre el Reglamento de Funciones de dicha asesoría.
Holmann aconseja a Escobar Wong actuar con “sensatez y prudencia” para “evitar constituirse en el nuevo eslabón del acoso gubernamental contra la libertad de prensa en general y contra este medio de comunicación en particular”.
La carta advierte que la DGI ha hecho “todo lo ilegalmente posible” para obligar a LA PRENSA a pagar un Impuesto sobre la Renta (IR) “inexistente” por la adquisición de los Certificados Negociables de Inversión (CENI) que “hoy constituyen la tabla de salvación del gobierno para resolver la profunda crisis nacional ocasionada en las últimas horas por la caída dramática de las reservas internacionales”.
Además, la carta denuncia que la DGI ha pretendido obligar a LA PRENSA que otorgue de manera inconstitucional a favor de la DGI una Garantía Bancaria con valor de centenares de miles de córdobas para poder defenderse.
Holmann pregunta al final de la carta: “¿Qué nueva sorpresa debemos esperar de la inocultable obsesión política que pretende destruirnos?”.
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