En el caso de Vidal Picado y Francisco Javier Molinares, el abogado Ramón Chamorro Mendoza, dijo que ellos fueron encarcelados en base a una sentencia emitida por la Jueza Karla Emilia Sáenz, de Matagalpa, elaborada a las 8:30 de la noche del 23 de junio 2000, pero los acusados fueron notificados de la condena a las 9:00 de la mañana del mismo día y capturados violentamente por la Policía, momentos después de la sentencia.
Ante la protesta del doctor Chamorro que reclamó detención ilegal de los acusados, la Jueza Sáenz respondió que fue una equivocación de la secretaria, que por escribir 8:30 de la mañana, puso de la noche, pero el mismo encabezado de la sentencia la contradice. Según el escrito, las diligencias para emitir la sentencia comenzaron a ser examinadas a las 5:20 de la tarde del 23 de junio.
El doctor Chamorro también pide la libertad de Francisco Javier Molinares y de Joaquín González, porque según los contratos presentados como pruebas de las acusaciones, ambos cumplieron con sus compromisos y por tanto no hay delito.
ENTREGAN PROPIEDADES POR DEUDAS
Por una deuda que se desconoce si legalmente existe y que supuestamente fue inventada por Laureano Juvenal García, presidente de la Junta Directiva de la agropecuaria Chale Haslam, se entregaron en pago a los hermanos Centeno Roque cuatro fincas de la sociedad, declaró José Luis Pérez, abogado de los campesinos.
Pérez agregó que la supuesta deuda era de sólo 190,000 dólares, cantidad por la que Juvenal García (quien era presidente de la sociedad Agrocafé que administrada todas las fincas del Area Propiedad de los Trabajadores), y otros miembros entregaron las fincas a Agresami.
Posteriormente estas fincas fueron repartidas entre Agresami y el Interbank de Matagalpa, mientras que los 80 socios de la Chale Haslam recibieron cantidades de 5,000 hasta 50,000 córdobas como supuesta indemnización. García los reunió y les dijo que debían entregar sus acciones porque la deuda con Agresami era impagable.
Hasta después comprendieron que los habían dejado en la calle, según Julián Sánchez, uno de los socios. Otros campesinos tienen tomada la finca La Estrella de 350 manzanas, porque es reclamada por Antonio Arauz, quien presuntamente ya fue indemnizado por el Estado.
Esta empresa agropecuaria con fincas ubicadas en su mayoría en la zona del cerro El Apante, a 15 kilómetros de Matagalpa, la integraban el beneficio de café El Regreso y las fincas La Matagalpita, La Sauna, La Pintada y San José. Todas quedaron en manos de Agresami, excepto la San José que fue subastada por el Banco de la Producción (Banpro) porque la Chale Haslam tenía una deuda.
Según el abogado José Luis Pérez, la deuda por la que estas fincas pasan a Agresami, no se conoce legalmente. “No se sabe si existe, ya que los directivos de la Chale Haslam las entregaron porque presuntamente no podían pagar la deuda a los Centeno Roque”, dijo Pérez.
Como en el caso de las fincas de la Jorge Voghl, las fincas de la Chale Haslam no pueden ser entregadas por los arrendatarios en hipoteca, en arriendo ni vendidas, porque pertenecen al Estado y cualquier transacción comercial de las mismas es nula, sostuvo el abogado Pérez.
Así que Pérez acusó a Laureano Juvenal García, Rosalina González y Pablo Lanzas Velázquez, por estelionato en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Matagalpa, pero la Jueza Karla Emilia Sáenz, no dio curso al juicio.
En otro juicio, Pérez pidió la nulidad absoluta del contrato de dación en pago de La Pintada, ya que el Gobierno, a través de la Corporación Nicaragüense de la Administración Pública (Cornap), debería dar su consentimiento como propietario, y no lo hizo, afirmó el abogado.
