- Existe un decreto que los prohíbe desde 1993, pero nadie se responsabiliza por controlarlos
- La disposición policial no establece penas para los que la incumplan
ARY NEIL PANTOJA [email protected]
El uso de los morteros, infaltables en las manifestaciones del Frente Sandinista y que está cobrando popularidad entre otros partidos y en fiestas patronales, está prohibido desde 1993, año en que la Policía Nacional emitió un decreto estableciendo tal disposición por medidas de seguridad.
Pero el decreto no es más que papel mojado, pues aunque prohíbe el uso de los morteros “avancarga”, o sea el de tipo fusil -y no los de pedestal- Se siguen utilizando y cada vez son fabricados con mayor potencia.
En los últimos meses, estos explosivos han lesionado a por lo menos una persona en varias manifestaciones o festejos en que han sido utilizados.
En entrevista con LA PRENSA, el segundo jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía, subcomisionado Luis Barrantes, dijo que la prohibición “es una medida policial de orden público, porque tanto en ocasiones anteriores como en la actualidad, se ha visto que este tipo de instrumentos afecta a las personas causando graves daños a la humanidad de quien puedan impactar”.
Los morteros están prohibidos sobre todo en las manifestaciones, concentraciones políticas y cualquier otro tipo de actividad en las calles.
Barrantes agregó que corresponde a las fuerzas del orden público hacer cumplir la disposición policial. “Cuando hay movilizaciones o manifestaciones autorizadas por la Policía Nacional, se les hace ver (a los organizadores) la prohibición de estos instrumentos, así como que se abstengan de hacer pintas en las paredes, en la propiedad pública y en la propiedad privada”, expresó el jefe policial.
El subcomisionado Barrantes hizo énfasis en que el organizador o responsable que hace la solicitud de la marcha “debe rendir una fianza ante la Policía Nacional mediante la cual asume y los obliga a pagar los daños que se puedan causar durante la marcha o la manifestación que ellos realizan”.
Aclaró que la fianza rendida por los organizadores no incluye la entrega de dinero a la Policía Nacional, sino que simplemente firman un documento en el que se hacen responsables por los daños que puedan ocasionar los manifestantes durante la actividad. “Ellos (los organizadores) se comprometen a pagar el monto de lo dañado una vez que se cuantifique”, añadió Barrantes.
LA ORDEN ES: NO DECOMISAR MORTEROS
El segundo jefe de Seguridad Pública dijo que en la mayoría de las ocasiones los agentes tienen órdenes superiores de no decomisar los morteros para evitar enfrentamientos con los manifestantes que “llevarían a exponer a mayor peligro a las personas”.
“La Policía decomisa lo que puede decomisar en determinados momentos, sobre todo cuando los artefactos se llevan en manifestaciones que no están autorizadas por la Policía Nacional”, agregó Barrantes.
Hasta el momento la Policía Nacional se ha negado a dar a conocer si existe un taller especializado en la fabricación de los morteros y cualquier otro tipo de armas caseras, como las dos escopetas decomisadas por la Policía la semana recién pasada.
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