- Hasta mayo 2000, la Policía Nacional había extendido portaciones para 52,390 armas en manos de civiles. La mayor cantidad de revólveres, pistolas y rifles, están registrados en Managua, León, Chontales y Matagalpa
RICARDO CUADRA GARCÍA [email protected]
Ervin Sánchez Pavón resucitó a inicios de año. Ingería licor en casa de Miguel Angel López Martínez, en el barrio “Israel Galeano”, de esta capital, cuando el anfitrión sacó un fusil AK-47 para mostrárselo. Minutos después, en medio de la conversación, López Martínez disparó accidentalmente el fusil, hiriendo gravemente a su amigo en el estómago.
Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, ocuparon el arma de guerra de fabricación soviética, el que según explicó Miguel Angel, lo compró a un amigo, sin precisar más detalles. Dentro de la vivienda fue encontrada además una pistola calibre 22, que carecía de permiso de portación.
Las armas en manos de civiles es un fenómeno social con dimensiones de epidemia nacional. Hasta mayo del 2000, según la investigación titulada “Proliferación y control de armas en Nicaragua”, realizada por Elvira Cuadra, la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional reportaba en sus registros oficiales un total de 44,089 portaciones de armas en todo el territorio nacional.
Estas portaciones están divididas en cinco categorías: Tenencia Personal (TP), Servicios de Vigilancia (SV), Servicios Comerciales (SC), Protección Residencial (PR) y Para Cacería (PC). El grueso -29,414- corresponden a las categorías SV, SC y PR, relacionadas a la vigilancia comercial y residencial, ya sea por parte de empresas o particulares. En cambio, para cacería están reportadas 7,808 portaciones; y de tenencia personal un total de 6,867.
De acuerdo a la investigación, el mayor número de permisos personales de armas se han otorgado en Managua (2,760), Estelí (764), Masaya (690), Granada (625) y Carazo (558). En tanto, los permisos para armas de cacería se concentran en Managua (1,843), Chontales (1,680), León (1,044) y Boaco (789).
“Estas portaciones o permisos corresponden a un total de 52,390 armas de fuego de distinto tipo, distribuidas en todo el territorio nacional. Los departamentos donde se registra mayor cantidad de armas son: Managua, León, Chontales y Matagalpa”, indica la investigadora basándose en cifras oficiales de la Policía Nacional.
“Las autoridades policiales consideran que esta cifra no refleja la realidad de la tenencia de armas en el país; de hecho, piensan que existe una “cifra negra” que incluye gran cantidad de armas de guerra en las zonas rurales utilizadas por los campesinos para su propia defensa”, refiere la investigación.
“Mientras en los centros urbanos todavía existe una cantidad importante de armas cortas “flotando” ilegalmente en manos de delincuentes comunes y ciudadanos temerosos”, agrega el documento.
El mayor tipo de armas en poder de civiles son los revólveres (armas cortas de tambor), con 16,938; luego siguen 13,992 pistolas (armas cortas con magazine), 12,449 rifles; y 8,441 escopetas. En los registros policiales, paradójicamente, sólo se reportan 441 fusiles (de guerra), autorizados sobre todo para autoprotección de los productores.
Mientras tanto, las empresas de vigilancia privadas, nacidas durante la década de los noventa, cuentan con un inventario aproximado de 3,488 armas de diferentes calibres, para brindar su servicio.
Problema de origen bélico
Extraoficialmente, se estima que en la década de los ochenta circulaban en este país más de 250,000 armas, la mayor parte de éstas, fusiles de guerra. En el proceso de desarme de civiles, impulsado por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, se recuperaron alrededor de 142,000 armas, lo que daría una diferencia de 108,000. De ser así, alrededor de 50,000 podrían estar de forma ilícita, en manos de civiles.
Sin embargo, las autoridades consideran exagerada esa cifra. Para el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado Carlos Bendaña, el número real podría oscilar entre las 3,000 armas. “Es más o menos lo que opinan los compañeros del Ejército. Además sabemos que esas armas se encuentran en lugares concretos, como Zelaya Norte, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, pero no llegan a esa cantidad”, dijo.
Las armas de fuego que representan mayor peligrosidad son las armas de guerra que se encuentran en las zonas rurales. Estas no son sujeto de ningún tipo de control y son utilizadas frecuentemente para dirimir conflictos, particularmente en aquellos territorios que todavía padecen altos niveles de conflictividad.
Muchas de estas armas se encuentran en manos de desmovilizados de las Fuerzas Armadas y de la Resistencia Nicaragüense, otra parte se encuentra en manos de campesinos que las han adquirido para protegerse, y algunas más se encuentra en manos de bandas rurales que se dedican a cometer delitos de diverso tipo, muchas de las cuales bajo el pretexto de que el gobierno no ha cumplido sus compromisos.
En los centros urbanos, particularmente en la capital Managua, las armas que se ven involucradas en delitos con mayor frecuencia son las armas cortas. Estas son más frecuentes en los delitos de robo con intimidación, homicidios y lesiones.
Ligado a repunte delincuencial
En Nicaragua, al igual que en otros países del área donde hubo conflicto armado, una gran cantidad de civiles poseen ilegalmente armas de guerra, con las cuales se ejecutan asesinatos y asaltos. O en el peor de los casos, hoy en día una broma entre ebrios, que antes se resolvía a puñetazos, culmina ahora con una descarga de un fusil AK-47. En fin, ante un reclamo, casi siempre justo, la respuesta es un tiroteo.
Según la socióloga Elvira Cuadra Lira, quien realizó el mencionado estudio para la Fundación Arias, pese a los esfuerzos que se han realizado, la presencia y el uso de las armas de fuego persiste como un peligro para la ciudadanía y se expresa en las estadísticas sobre los delitos.
Tomando como referencia una muestra de los registros policiales efectuados en los años 1998 y 1999, Cuadra Lira determinó que los delitos que registran los mayores porcentajes de presencia de armas de fuego son los robos con intimidación, los homicidios, las lesiones y los asesinatos.
En el 42 por ciento de estos delitos se utilizaron armas de guerra; mientras que en un 62 por ciento se utilizaron armas cortas. El 28% de los casos tuvo como consecuencias personas muertas y el 24% personas lesionadas.
Asimismo, señala que el 28.5% de los victimarios fueron sujetos desconocidos, el 18.7% fueron delincuentes reconocidos. De éstos, el 27.1% de los victimarios fueron personas civiles, el 17.6% bandas organizadas y el 8.1% efectivos militares o policiales.
“Cabe destacar que el sistema de información policial no recoge los detalles de los hechos policiales que involucran el uso de armas de fuego, de tal forma que la misma institución policial carece de los instrumentos estadísticos que permitan realizar análisis sobre este aspecto y su relación con el nivel de peligrosidad de los delitos en el país”, aseguró.
Los departamentos donde se presentan los mayores porcentajes de delitos con participación de armas de fuego son: Managua, Matagalpa, Jinotega, la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nueva Segovia y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Según Cuadra Lira, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de armas que están en poder de civiles debido a que no se permite dar a conocer las cantidades que tienen la Policía y el Ejército.
El “boom” de empresas de seguridad
El sostenido incremento de la actividad delictiva, el creciente sentimiento de inseguridad y la falta de credibilidad en la capacidad, transparencia y eficiencia de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal, son los factores principales para comprender el surgimiento y florecimiento de los servicios de seguridad privada en Nicaragua, señaló Roberto J. Cajina, consultor civil en asuntos de defensa y seguridad.
A pesar de ser un fenómeno relativamente reciente en Nicaragua, la industria de seguridad parece haberse convertido en un floreciente negocio, si tomamos como parámetro la tendencia con que ha crecido el número de empresas que prestan servicios privados de seguridad.
El desarrollo de estas empresas consta de dos etapas en la década de los noventa. La primera, que registró un crecimiento lento, transcurrió entre 1990-1995. Hasta 1995 existían en nuestro país ocho empresas de este tipo.
La segunda etapa, llamada de “Crecimiento acelerado”, la cifra se disparó hasta 47 empresas. Actualmente operan 53 empresas de seguridad privada, de acuerdo a investigaciones realizadas por Cajina, basándose en datos oficiales.
La seguridad privada es una actividad legítima del mercado; teóricamente las empresas que ofrecen servicios privados de seguridad realizan una labor complementaria a la que desarrollan las fuerzas policiales y teóricamente no existe contradicción ni competencia entre la práctica de seguridad privada y la de seguridad pública.
El estudio realizado por Cajina afirma que las empresas de seguridad privada constituidas hasta 1999, constaban de 6,536 agentes, un número relativamente mayor al de los 6,076 efectivos de la Policía Nacional.
Pero esta desproporción es aún mayor si se toma en cuenta que el 34% de la Policía (2,071 efectivos), se desempeñan en áreas administrativas y de servicios, mientras el 66% restante (4,005 agentes) se distribuyen en las áreas operativas como seguridad pública, investigaciones criminales, seguridad personal, investigaciones económicas y de tránsito.
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