- Los comerciantes ilegales piden más tiempo y los distribuidores formales esperan con ansias el día
- Precios de productos se encarecerán por ser originales
- «Les daríamos un precio razonable para su margen de ganancia», sostiene Silvia Gutiérrez
Juan Carlos [email protected]
El primero de septiembre está supuesta a entrar en vigencia la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, con ello la venta ilegal de cintas musicales, videos y televisión por cables quedará penalizada, sin embargo a sólo 20 días de su cumplimiento, los vendedores ilegales siguen pidiendo prórrogas.
De acuerdo al artículo 134, de la Ley de Derechos de autor y Derechos Conexos, el Estado ofrecería al comercio informal el plazo de un año (que finaliza el primero de septiembre próximo), para formalizar sus operaciones y cumplir con las normas planteadas, en el marco del cumplimiento de Nicaragua a los compromisos por la Propiedad Intelectual.
Durante este año, según Yáder Aguilar, presidente de la Asociación Nicaragüense de Vendedores de Casetes (ANVECA), los comerciantes del sector informal de videos y casetes, sostuvieron dos encuentros con distribuidores o representantes legales de discos, con los cuales “no se llegó a ningún acuerdo, por la intransigencia de éstos”.
Para Albert Houbenacghel, propietario de una empresa de cable en Camoapa, el no encontrarse en situación legal, es por problemas de financiamiento, es decir por falta de dinero.
“Para hacer la reconversión de la ilegalidad a la legalidad, tenemos que invertir por lo menos 25,000 dólares en equipo y sólo en pagos de derechos pagamos un promedio de 1,500 dólares mensuales”, afirmó Houbenacghel.
Al respecto Silvia Gutiérrez, gerente de Sony Music para Nicaragua, aseguró que las distribuidoras legales de música están en la mejor disposición de abrir negociaciones con los vendedores ambulantes de casetes.
“Les daríamos un precio razonable para que los vendedores puedan tener un margen de ganancia”, dijo Gutiérrez. “El casete más caro cuesta alrededor de cuatro dólares más el 15 por ciento del IGV”, agregó.
Marco Mejía, dueño de un centro de alquiler de videos, dijo que durante este año de prórroga no se pudo resolver su situación de ilegalidad, porque no existió voluntad por parte de los distribuidores legales por resolverlo.
Para Mauricio Peralta Mayorga, director general de Competencia y Transparencia en los mercados del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), hay interés de parte de los ilegales por acatar las disposiciones de la Ley, “sobre todo del sector vídeo y casetero”.
Agregó que con la “Ley de la Selva”, que existe actualmente nadie se atreve a invertir en los artistas nacionales, quienes ven pirateada su obra.
“Esta Ley tiene el objetivo de crear un entorno confiable para hacer negocio, pues sin esto no se pueden hacer inversiones, dar empleo, o producir con tranquilidad”, expresó Peralta.
