- Corte Suprema oficializa su fallo de una semana atrás, el cual permitirá juzgar al ex dictador
- La ley chilena exime de juicio a quienes estén dementes y no considera las causales de deterioro físico. Estas últimas le permitieron a Pinochet salvarse de un juicio en Europa, porque el gobierno británico se apiadó de su salud física y mental
Eva VergaraSANTIAGO DE CHILE/AP
La Corte Suprema despojó el martes de la inmunidad legislativa al general Augusto Pinochet, lo que permitirá que sea juzgado por el secuestro de 19 opositores en 1973.
El secretario de la corte, Carlos Meneses, anunció que la votación fue de 14 votos contra 6, en un fallo inapelable, que abrió el camino para procesarlo.
Al explicar el fallo, el magistrado José Benquis dijo que “la única finalidad que tiene esta gestión de desafuero está dirigida a determinar si hubo hechos que revistieron caracteres de delito y si en esos hechos, al parlamentario imputado, le ha correspondido alguna participación como autor, cómplice o encubridor”.
Pinochet esperó el fallo en su residencia privada del exclusivo barrio de La Dehesa, al este, porque la ley no obliga a los inculpados a presentarse en los tribunales.
El vocero gubernamental, ministro Claudio Huepe, dijo que el país funciona normalmente, lo que “es una clara demostración de que estamos transitando una nueva etapa de la vida del país”.
El secretario de la Corte, Meneses, en una escueta declaración, señaló: “La Corte Suprema ha confirmado la sentencia de la Corte de Apelaciones que dispuso el desafuero del señor Pinochet” por 14 votos a 6.
El máximo tribunal rechazó así la apelación de Pinochet y confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones que el 5 de junio lo despojó de su fuero de senador vitalicio por 13 votos a 9, porque “hay sospechas fundadas” para encausarlo por su participación en el delito de secuestro.
Los 20 jueces del pleno del máximo tribunal firmaron ayer el dictamen que adoptaron hace una semana y cuyo contenido era conocido por toda la opinión pública. Les bastó casi una hora para definir el futuro procesal del ex dictador que gobernó Chile por 16 años y medio.
El cargo contra Pinochet es el de ser autor-inductor del secuestro de 19 prisioneros políticos en octubre de 1973 a manos de la “caravana de la muerte”, una comitiva castrense que envió a ciudades del norte y sur del país para agilizar procesos.
La caravana, que actuó por delegación de facultades de Pinochet según los abogados acusadores, dejó 75 ejecutados, pero como los cuerpos de 19 de ellos desaparecieron, la justicia considera hoy que están secuestrados.
El proceso vuelve ahora a las manos del juez Juan Guzmán, que investiga 157 querellas criminales contra Pinochet, que deberá ordenar exámenes médicos mentales al desaforado senador. Luego tiene que interrogarlo.
Gustavo Collao, uno de los defensores de Pinochet, advirtió que el fallo “indudablemente se trasladará al ámbito político”.
Eduardo Contreras, uno de los ocho abogados acusadores, dijo que esperarán saber si Guzmán considerará o no que el ex dictador fue ya interrogado cuando le envió un exhorto a Londres, en octubre de 1999, que devolvió sin contestar.
Una vez resuelto el punto, pedirán de inmediato que Pinochet sea procesado y detenido, agregó.
Entretanto, el hijo menor de Pinochet, Marco Antonio, dijo que no aceptará que su padre se someta a exámenes sicológicos, porque así no podrá demostrar su inocencia.
La ley chilena exime de juicio a quienes estén dementes y no considera las causales de deterioro físico. Estas últimas le permitieron a Pinochet salvarse de un juicio en Europa, porque el gobierno británico se apiadó de su salud física y mental, después de mantenerlo 503 días con arresto domiciliario a petición del juez español Baltasar Garzón.
