- El acusado denunció transferencias de fondos hacia el partido gobernante por el orden de 100 mil córdobas
JANELYS CARRILLO [email protected]
Auto de segura y formal prisión por el delito de peculado dictó ayer la Jueza Quinto de Distrito del Crimen de Managua, Angelita Dávila, contra el ex director administrativo del Instituto de Desarrollo Rural, Sergio Buitrago Paiz.
En la misma sentencia, la judicial giró orden de retención migratoria y la correspondiente orden de captura y allanamiento contra el procesado, quien hace unas semanas compareció ante los medios de comunicación denunciando un millonario desvío de fondos por parte del IDR.
El procesado fue acusado judicialmente por Oswaldo Arteaga Montenegro, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), presuntamente por realizar una serie de transacciones financieras anómalas como retiros no autorizados y cancelación de certificados de depósito que no percibieron ni un centavo de intereses. Las transferencias se habrían realizado en el Banco de la Producción (BANPRO).
De acuerdo al texto de la sentencia, la investigación judicial comprobó que la delincuencia del procesado quedó demostrada con declaraciones testificales y auditorías realizadas por contadores, auditores y consultores, quienes concluyeron que el ex funcionario incumplió con los controles internos para obtener beneficios económicos fraudulentos.
Para hacer las transacciones, Buitrago utilizó documentación del director del IDR y acudió ante el abogado Leonel Torres Alfaro, quien le autorizó y extendió un Poder General de Administración, cuya escritura nunca fue firmada por el director del citado instituto.
En su defensa, el procesado aseguró que jamás tocó un centavo del dinero del Estado y que fue despedido supuestamente por cuestionar anomalías administrativas cometidas por Arteaga y otros funcionarios.
También responsabilizó a las autoridades de obligarlo a cometer una serie de irregularidades como emitir cheques a favor de los conductores Lenín Cortés, Marcos Osorio, Silvio Cardoza, el contador José Tapia y la asistente de Eduardo Mena, Sonia Peralta.
Buitrago estimó el monto de la supuesta desviación de fondos en aproximadamente 100.000 córdobas, provenientes de proyectos financiados por Japón, Italia y la Unión Europea y que según él fueron transferidos a las arcas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“El licenciado Torres Alfaro se olvidó de sus obligaciones como notario y permitió que se cometieran las anomalías ya expuestas dentro de su Protocolo, situación que facilitó que Buitrago Paiz cometiera las anomalías en el Banco de la Producción”, reza la sentencia.
El escrito deja a la Corte Suprema de Justicia la investigación del abogado Torres Alfaro, ya que las anomalías fueron detectadas en su Protocolo.
