JANELYS CARRILLO [email protected]
Un desalojo con auxilio de la fuerza pública puso fin a la querella entre la ciudadana norteamericana Rhina Miranda de López y autoridades del Instituto de Seguros y Reaseguros (INISER), que se negaba a devolver la casa donde funcionaba la sucursal, pese a dos fallos judiciales en su contra.
El 27 de julio pasado, la Policía ejecutó la orden de desahucio dictada el 3 de julio por la Juez Civil de Distrito de Granada Cristina Huete, quien comprobó que INISER se negó a desocupar la casa, una vez cumplido el contrato de arrendamiento por seis meses suscrito con Miranda.
Aunque Miranda ya tomó posesión de su propiedad, dijo que plantea públicamente lo ocurrido para develar el doble discurso del gobierno, porque mientras hablaba de estado de derecho y solución al conflicto de la propiedad con tal de obtener el “waiver”, INISER se resistía a devolverle la casa “de forma civilizada y conforme la ley”.
Durante dos días, LA PRENSA se comunicó con la institución aludida pero no pudo obtener una respuesta. Giovanna Robleto, de la dirección ejecutiva, prometió contactarnos con un funcionario que dominara la situación, pero eso no sucedió.
Hasta el año pasado, la casa estuvo en poder de INISER, pues el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur anuló la compraventa suscrita en 1986 entre la institución y el padre de la señora Miranda, a quien le devolvió los derechos sobre el inmueble por habérselos arrebatado de manera “violenta”.
En la recuperación del inmueble intercedió el Consejero Económico de la embajada estadounidense en Nicaragua, Anthony J. Interlandi, que emplazó a la institución, para que respetara el derecho de propiedad y cumpliera el fallo del Tribunal.
Posteriormente, el padre de la actual propietaria heredó la vivienda a su esposa y ésta la vendió a Miranda, su hija, quien decidió alquilar el inmueble sin imaginar que luego tendría que disputar su recuperación en la vía legal.
MANIOBRAS NO PROSPERARON
De acuerdo a la quejosa, “aún con orden judicial, el asesor jurídico de INISER no dio muestras de acatar el fallo y por el contrario, dijo que tenía turbas para evitar el desahucio. De mis palabras son testigos la jueza Huete y el abogado Alvaro Miranda”, recordó.
La demandante aseguró que intentando apropiarse de la casa y una vez vencido el contrato de arrendamiento (el 31 de marzo pasado), INISER embargó el inmueble en un juzgado capitalino poniéndolo a nombre de su madre, Dolores Castillo Mejía, a pesar que ésta se lo había traspasado a ella desde julio de 1999.
Para evitar el desalojo, el apoderado general de la institución, Everth René Acosta, alegó que el juicio por desahucio era el mismo que se ventilaba en el Juzgado de Managua; que el Poder General Judicial (escrito legal) que él mismo presentó para probar su condición de representante de INISER no existía o estaba mal hecho (?) y que Castillo Mejía le debía dinero.
La judicial resolvió que los argumentos de Acosta no eran válidos, por cuanto en el primer caso “son dos procesos diferentes, las acciones a pedir son distintas y las partes no son las mismas”.
Con relación al segundo y tercer punto, explica el fallo judicial, se trata de un “absurdo jurídico” decir que su propio documento de representación está mal hecho y además, la señora Castillo Mejía “no tiene relación jurídica con el desahucio tramitado”.
La propiedad recuperada está ubicada en la Gran Sultana, en la intersección de la calle El Almendro con la Calle Atravesada.
