- Senador oficialista supo por boca de ex ejecutores que los desaparecidos superaban los 2,000
- El 60% de ellos, unos 1,200, fueron lanzados al mar
(AP)
SANTIAGO DE CHILE.- El gobierno recibió ayer los primeros datos sobre el destino de 780 desaparecidos bajo la dictadura, en un sorpresivo y trivial acto que se registró al lado de las puertas exteriores del palacio de gobierno.
Este es el primer resultado concreto del acuerdo cívico-militar del 13 de junio, cuando los militares prometieron entregar al gobierno a través de sus hombres y de religiosos, informes para averiguar el paradero de los desaparecidos del régimen de Augusto Pinochet.
Por ello llamó la atención la forma corriente en que se produjo el hecho, que con seguridad remecerá a los miles de familiares de desaparecidos que hace más de 20 años buscan a sus parientes.
También coincidió con el virtual desafuero del ex dictador que, de confirmarse, sería enjuiciado por el secuestro de opositores en los inicios de su régimen de 16 años y medio.
El pastor evangélico Enrique Vílchez acudió al palacio, traspuso un metro las puertas y dejó en la oficina de recepción algunas carpetas dirigidas al presidente Ricardo Lagos. Después dijo a los periodistas que los restos del 60% de los desaparecidos no podrán ser recuperados.
El hecho, absolutamente inédito y al mismo tiempo común, llamó la atención del vocero gubernamental, ministro Claudio Huepe, que, sorprendido, dijo a los periodistas que ése no era el mecanismo establecido para recibir los informes provenientes de fuentes secretas.
Vílchez, presidente de la Corporación Metodista Pentecostal Universal, dijo que los antecedentes corresponden a 780 detenidos-desaparecidos, los que fueron entregados en forma anónima por suboficiales hoy retirados de la fuerza aérea.
Agregó que no busca “desalentar a los familiares de las víctimas, sino que establecer un marco de aspiraciones más real de lo ocurrido y de lo que el país podrá lograr a través del secreto profesional”.
La afirmación del pastor coincide con recientes declaraciones del senador oficialista Jorge Lavandero, que integró la comisión de derechos humanos del Senado, dijo hace poco que supo por boca de ex ejecutores que los desaparecidos superaban los 2,000 y que el 60% de ellos, unos 1,200, fueron lanzados al mar.
Según cifras oficiales, unas 1,200 personas desaparecieron por causas políticas bajo la dictadura y según los parientes de las víctimas, son algunos centenares más.
Difíciles negociaciones impulsadas por el gobierno se concretaron el 13 de junio en un compromiso de las fuerzas armadas de buscar entre sus filas datos sobre los desaparecidos y entregarlos en un plazo de seis meses.
El gobierno promulgó una ley de “secreto profesional” que obliga a los militares a mantener en silencio para siempre la identidad de quienes entreguen datos.
Las tres ramas de las fuerzas armadas y la policía designaron equipos especiales para reunir los datos especialmente de sus hombres retirados. Empero, el comandante de la fuerza aérea, general Patricio Ríos, dijo que el despojo de la inmunidad legislativa de Pinochet podría influir en la entrega de informes por parte de los militares recibidos.
