- A la de
prevaricato se agrega otra por
abuso de
autoridad
JANELYS CARRILLO [email protected]
Abuso de autoridad y prevaricato son los dos delitos por los cuales el representante legal de la familia Leal Aguirre, Noel Alonso Cano, acusará hoy al ex juez suplente Walter Solís en el Tribunal de Apelaciones de Managua.
La semana pasada, el judicial fue suspendido del cargo por la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que sus actuaciones en el juicio por asesinato incoado contra Alejandro Carrión McDonough están bajo investigación en la referida Corte de Apelaciones.
Aunque de oficio, el tribunal está tramitando la acusación por prevaricato presentada por la familia de Pablo Leal Aguirre, presuntamente asesinado a tiros por Carrión McDonough, en su carácter de representante legal, Cano interpondrá otra por prevaricato y abuso de autoridad contra Solís.
De acuerdo al Código Penal, los infractores del delito de abuso de autoridad sufrirán inhabilitación absoluta de seis meses a un año y multa de cien córdobas.
Desde que Solís sobreseyó definitivamente a Carrión, el 3 de julio pasado, Cano y sus representados han alegado que incurrió en el delito de prevaricato, porque falló a favor de Carrión sin haber investigado el caso.
Por otra parte, el abogado y la familia Leal Aguirre aducen que con la resolución, calificada de “aberrante”, los derechos humanos de la familia de la víctima, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la justicia y a un proceso justo y libre y a la seguridad jurídica, fueron violados por parte de Solís.
Al respecto, el aludido ha manifestado que emitió su sentencia apegado a Derecho y que por tanto su conciencia está tranquila. No obstante, la CSJ lo mandó a investigar después que la familia del campesino asesinado interpuso una queja enumerando las irregularidades cometidas y pidió su destitución inmediata.
En tanto, se espera que hoy, la esposa del supuesto asesino Sandra Palma Ponce, comparezca ante el Juzgado Tercero Local del Crimen de Managua, a donde fue citada para explicar cómo es que entregó cien mil córdobas a los licenciados Carlos Loáisiga y Lila Bermúdez, para que se los dieran a la viuda del campesino, haciéndose pasar por abogados.
Esta judicatura procesa a Loáisiga y Bermúdez por los supuestos delitos de usurpación de títulos, asociación para delinquir y falsificación de documentos públicos, no obstante, en el expediente rolan copias de los títulos de egresados de los procesados, documentos que la CSJ no reconoce porque en sus registros aún no aparecen incorporados como abogados.
PREVARICATO Y ABUSO DE AUTORIDAD
El Código Penal indica que comete Prevaricato (Artículo 371, inciso 1), el magistrado o juez que conoce, juzga o resuelve contra ley expresa, por soborno, interés personal o desafecto a alguna persona o corporación, por lo cual puede ser sancionado con inhabilitación absoluta de tres a cinco años.
En tanto, comete Abuso de Autoridad (Artículo 369, inciso 16), el funcionario o empleado que, de alguna manera distinta de las expresadas en este capítulo violare, sin apoyo legal, cualquiera de las garantías individuales consignadas en la Constitución.
