LESLIE NICOLAS LACAYO [email protected]
La actual situación de inseguridad ciudadana, los altos costos energéticos, el estancamiento de las solicitudes de concesiones, la falta de un marco legal moderno y ahora el actual proyecto de ley para el sector propuesto por el Ejecutivo, han puesto en “jaque mate” a la minería.
Frank Mena, presidente de la Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC), dijo que sumado a los múltiples problemas que han venido ahuyentando a los inversionistas extranjeros, el actual proyecto de ley de minas no llena las expectativas del sector, ni logra el equilibrio deseado.
Mena dijo que en la medida que el Gobierno aprobara una ley que le diera garantía y seguridad al inversionista, en esa medida iba a seguir llegando la inversión al país. Sin embargo, ellos aducen que el proyecto no da respuesta a los principales problemas que han provocado que la inversión minera se vaya del país.
Entre éstos está la confrontación entre los Gobiernos centrales y municipales, la Ley 197 que todavía está engavetada, pero que establece una franja de 15 kilómetros dentro del país, en la cual se prohíbe la inversión de capital extranjero.
Estas declaraciones difieren del optimismo mostrado por Jorge Luis Préndiz, director ejecutivo de la administración de recursos geológicos.
Mena explicó que pasaron año y medio trabajando en consultas con técnicos nacionales e internacionales sobre lo que debería de contener la Ley para buscar un equilibrio para los intereses nacionales y que a la vez la actividad fuera atractiva para la inversión extranjera. “Pero al final parece ser que no se incluyó ninguna de nuestras propuestas”.
Magda Lanuza, coordinadora de incidencia ambiental del Centro Humboldt, es de la opinión que el proyecto de Ley de Minas aprobado en la Asamblea Nacional, es una ley que entrega totalmente los recursos nacionales a la inversión minera extranjera.
Lanuza explicó que en este nuevo marco legal se establece una ampliación de áreas de concesión de 40,000 hectáreas que contemplaba la antigua ley de 1965, para pasar a entregar sin límites el número de concesiones. Esto, a juicio del sector ambientalista, podría poner en peligro las áreas protegidas, tal como es el caso de Bosawás.
Sin embargo, Préndiz, explicó que si bien es cierto la nueva ley permitirá la entrega de mayores concesiones, también lo es que, en ningún momento serán otorgadas en concesión las áreas protegidas.
No obstante Lanuza objetó el hecho de que las áreas protegidas quedan totalmente “sujetas a la destrucción cuando en el artículo 15 se menciona erróneamente, como una área libre para otorgar concesiones en áreas protegidas donde esté prohibida la minería”.
SECTORES DICEN NO HABER SIDO ESCUCHADOS
Mena explicó que desde septiembre de 1999 que recurrieron a la Asamblea Nacional para exponer sus propuestas, no los volvieron a llamar a ninguna otra consulta. “En esa ocasión nos reunimos con la Comisión a solicitud nuestra, pero jamás nos volvieron a consultar nada”, agregó.
Por su parte Lanuza, dijo que la ley no toma en cuenta a los Consejos Regionales, “pues limita la actuación de los mismos, al definir que una concesión únicamente puede ser rechazada cuando no cumpla con los requisitos administrativos de la presente ley”.
Mena dijo que el anteproyecto debería reglamentar e incluir controles o compromisos con los güiriseros (buscadores de oro artesanales), y la ley por lo contrario confronta a los güiriseros con las empresas mineras. “Esta confrontación nosotros no la deseamos”, expresó el empresario.
Y es que la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, introdujo en la exposición de motivos del anteproyecto de ley que “CAMINIC no acepta a la pequeña minería como parte del sector minero y está en contra que los mineros artesanales o güiriseros ocupen terrenos no utilizados dentro de una concesión minera”.
Mena explicó que lo que CAMINIC propuso fue que quedara establecido en la ley que el Gobierno definiera políticas y acciones orientadas a insertar la pequeña minería en la industria formal. “Reconociendo sus derechos, sus obligaciones fiscales, ambientales y laborales”.
