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Róger Ramírez Torres, ex jefe de la Policía en el Caribe nicaragüense, fue declarado culpable del delito de Atentar Contra la Paz y la Dignidad de la República, por un Jurado de Conciencia que conoció su caso entre las 10 de la mañana y las ocho de la noche de ayer.
Sereno y confiado en que cualquier pena que le impongan será revertida a la brevedad, porque “no tengo antecedentes ni causas judiciales de ningún tipo”, Ramírez dijo que espera que la Jueza Primero de Distrito del Crimen, Martha Quezada, dicte una condena mínima estipulada para este delito, es decir, tres años de prisión.
De ocurrir tal cosa, pediría de oficio la suspensión de la condena, cosa que “Quezada puede hacer”, confió el reo. La judicial también tiene pendiente dictar sentencia contra Ramírez Torres por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
El ex jefe policial fue separado de su cargo hace varios años, por presuntos vínculos con el narcotráfico. En noviembre del año pasado, fue llevado a prisión, acusado por la Policía de ser el propietario de un buzón de armas y traficar con estupefacientes.
“El buzón de armas es mío. Yo asumo con propiedad, pero la droga es un montaje de la Policía. Sólo a un estúpido se le podría ocurrir ir a meter la droga a la casa de sus hijos”, sostuvo Ramírez en su oportunidad.
También reveló que las armas las obtuvo a raíz de la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, tiempo en que también recibió un saco con 20,000 dólares para él y sus subordinados, así como con dos microbuses y un camión.
Durante la vista pública, el reo y su abogado defensor Vladimir Huete mostraron al Jurado un documento que consigna que fue el Ministerio de Gobernación el que le entregó al primero las armas halladas en casa de su papá. El documento está sellado y firmado por las autoridades de esa institución, no obstante, ninguno quiso comentar el asunto con los periodistas.
Antes de someterse a la vista pública, el procesado se declaró reo político porque lo llevaron a juicio por el supuesto delito de comprometer la paz y seguridad de la República, que, según dijo, fue establecido por el ex Presidente Anastasio Somoza para reprimir al sandinismo en los años 60 y 70.
Ramírez dijo que a pesar de no haber gozado de asistencia legal permanente durante el juicio, él está bien pero su familia recibe amenazas e incluso, en la última parte del proceso, uno de sus abogados debió renunciar por presiones.
Agregó que sus hijos reciben llamadas telefónicas y han sido perseguidos aparentemente por desconocidos. Negó que sea narcotraficante o que pertenezca a cartel alguno.
Asimismo, aseguró que su único delito fue haber defendido a Gerardo Alirio Alvarez, el colombiano detenido y procesado en Nicaragua junto a un militar hondureño que luego fue deportado a su país y tener conocimiento de cosas “que no debía”.
