JANELYS CARRILLO BARRIOS yGIOVANNA RODRÍ[email protected]@laprensani.com
Aunque el expediente del caso por asesinato en perjuicio de Pablo Leal Aguirre no ha llegado al Tribunal de Apelaciones de Managua, el representante legal de la familia doliente Noel Alonso Cano, presentó ayer el escrito en el que expresa los agravios que le causó la sentencia del juez suplente Walter Solís.
Este tribunal tampoco ha recibido las diligencias que la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia Yadira Centeno, aseguró que enviaría para que se abra juicio con formación de causa contra Solís, quien hace nueve días eximió de culpas al supuesto asesino de Leal Aguirre.
Ausencia total de una investigación jurídica, presupuesto básico para sustentar una sentencia de derecho y violaciones diversas a disposiciones constitucionales en detrimento de los derechos de la familia doliente, son parte de los elementos que el abogado Cano invoca ante la Corte de Apelaciones para pedir que el fallo sea revocado.
De acuerdo al escrito, la familia de la víctima no fue escuchada porque su viuda ni siquiera fue llamada a declarar como ofendida. “Se les ha considerado como ciudadanos de segunda categoría y no se tuteló sus derechos”, consigna Cano.
Agrega que “de forma retorcida y acomodaticia se aplicó una supuesta obligación o mandato de cumplir lo ordenado por el juez ejecutor (Cristóbal Espinosa), de forma precipitada, dolosa y antojadiza”.
En este punto Cano se refiere a la presunta falta de veracidad del juez Solís, quien en su sentencia indica que emitió el fallo de sobreseimiento porque a través del juez ejecutor el Tribunal de Apelaciones lo apremió para hacerlo, aunque dicha sentencia ya había sido elaborada.
Gonzalo Carrión Maradiaga, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que envió información a Amnistía Internacional y Organización Mundial Contra la Tortura, sobre las violaciones a los derechos humanos de la familia Leal.
