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El proyecto de Ley de Participación Educativa, propuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), no reconoce los derechos de los niños establecidos en el Código de la Niñez.
Lo anterior, es una de las consideraciones que hizo la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia al proyecto de Ley que busca legitimar el modelo de autonomía escolar.
Para Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, la propuesta del Estado no considera una serie de aspectos que son sustantivos para la educación de los “niños y niñas” de este país.
La inclusión al sistema escolar del millón de niños que en la actualidad está fuera de la escuela, es por ejemplo uno de los aspectos que no están comprendidos en el concepto de participación educativa del MECD, explica López.
Tampoco se desarrollan normativas para prohibir los cobros y garantizar la gratuidad de la educación establecida en la Constitución Política y en el Código de la Niñez.
El Procurador de la Niñez asegura que no se trata de estar en contra de la participación educativa, sino al contrario. López cree que debe promoverse, pero con un concepto más amplio, que incluya los intereses de los menores, expuestos en el Código.
La participación activa de los niños en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la plena participación en la “vida escolar”, son otros derechos de la niñez establecidos en el Código de la Niñez.
La Ley de Participación Educativa es una pieza del Plan Nacional de Educación y de la Ley General de Educación. En teoría debería inscribirse en ellos. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario. El plan no está concluido y la Ley está engavetada desde 1997 en la Asamblea Nacional.
A juicio del Procurador de la Niñez, ésta es otra contradicción del proyecto que debe corregirse.
López considera que el concepto de comunidad educativa no debe limitarse a los padres de familia, maestros y estudiantes. Cree que el concepto debe ampliarse y corresponderse con el cuarto principio de la Estrategia Nacional de Educación, que se presentó en septiembre del año pasado.
“Es deber y derecho de madres y padres de familia, instituciones y organizaciones y demás integrantes de la sociedad civil, participar activamente en la planificación, organización, gestión y evaluación del proceso educativo, dentro de la realidad nacional, pluricultural y multiétnica”, dice el principio.
En ese sentido, el Procurador cree que sectores como la empresa privada sólo se toman en cuenta para el aporte económico, pero es muy poco para escuchar su opinión sobre el modelo de educación que se tiene y se quiere.
Otra contradicción que detecta la Procuraduría de la Niñez en el proyecto introducido por el MECD en mayo, es la facultad de destitución a los miembros del Consejo Escolar que tendría el ministerio.
En los próximos días, la Procuraduría llevará estos planteamientos a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. López dice que solicitarán a la Comisión la realización de una amplia consulta con los diferentes sectores.
La comisión de Educación ha mostrado interés en ello, pero en estos días Orlando Mayorga, diputado de Camino Cristiano que está al frente, afirmó que no será posible consultar a todos por falta de presupuesto.
