Reducción acabó con la maquinaria del EPS

Cuatro años bastaron para reducir drásticamente a la mayor maquinaria de guerra de Centroamérica: el desaparecido Ejército Popular Sandinista. En 1989, según cifras oficiales, disponía de más de 97 mil hombres en armas; hoy día, diez años después, suman un poco más de 12,000 efectivos.

“Fue un proceso traumático, humana y materialmente”, afirmó el General retirado Joaquín Cuadra, en ese tiempo Jefe del Estado Mayor del Ejército. “Les dimos lo que pudimos, tratamos de mantener cierto nivel de atención médica, casi quedamos sin vehículo después del plan de reducción; tratamos de hacer lo más justo, hasta quitarse (el Ejército) el pan de la boca”, agregó.

La reducción y reestructuración de las Fuerzas Armadas, según el ex Jefe del Ejército, inició en 1989, cuando el entonces gobierno sandinista impulsó un Programa de Ajuste Estructural que obligó a reducir el gigantesco presupuesto militar, con el fin de controlar la hiperinflación de ese entonces. En un año, de 1989 a 1990, disminuyó en 5 millones de dólares.

Posteriormente, al asumir el gobierno doña Violeta Barrios de Chamorro se redujo más drásticamente, hasta alcanzar 35 millones en 1993, monto que se sostuvo hasta 1997. Equivale a cinco o seis veces menos.

Pese a las dificultades materiales que enfrentó, el General retirado Cuadra valoró como “la más positiva de Centroamérica”, la reducción y reinserción de miles de ex miembros de las Fuerzas Armadas.

“Tenemos que considerar que los desmovilizados se reinsertaron a una sociedad enferma, con desesperanza y pobreza”, refirió el ex alto oficial, sin embargo, “han logrado en general adaptarse a una sociedad pacífica, ya que la violencia persiste de manera muy marginal y muy aislada”, como en el triángulo minero.

Comparada a la situación en El Salvador, Guatemala o Honduras, países que padecen “una violencia institucionalizada”, la situación de la seguridad ciudadana en Nicaragua es mucho mejor, insistió Cuadra.

DEJAR ATRÁS LA GUERRA PARA SIEMPRE

Bajo ese principio, reveló el General retirado, se condujo el proceso de reducción y reinserción de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, uno de los compromisos adquiridos por Nicaragua en el marco de los Acuerdos de Esquipulas.

En cuanto a efectivos, las cifras oficiales indican que en 1989 el entonces EPS contaba con 97,800 hombres en armas. En pocos meses, más de 66,800 hombres fueron mandados a sus casas.

Después se organizó el plan de licenciamiento de los profesionales del Ejército. De los 12,500 oficiales que permanecían, 8,000 fueron licenciados entre 1990 y 1993. Se estima que en los tres planes de licenciamiento se invirtieron alrededor de 500 millones de dólares en su financiamiento. Pese a esta cifra millonaria, el General Cuadra calificó de “precarias” las condiciones de licenciamiento.

En ese orden, mencionó que algunos beneficiarios percibieron compensaciones financieras o materiales, tierras o casas, pero la ausencia de programas de capacitación y los problemas relacionados a la legalización de las tierras impidieron la reinserción de los retirados en una actividad profesional.

“Algunos vendieron el terreno que habían adquirido”, admitió el ex Jefe Militar, “ya que la gran mayoría se retiraron con tres meses de salario, casi nada”.

A su juicio, hubo vacíos de programas de reinserción y de capacitación de largo plazo, para ayudar a los desmovilizados a reinsertarse en una actividad productiva. “Se trata, insistió, de un problema más global que enfrenta todo el país”.

FALTÓ PLAN NACIONAL DE REINSERCIÓN

Para Sergio Ortega, de la Asociación de Militares Retirados (AMIR), el problema de fondo estriba en que faltó un Plan Nacional para la reinserción de los retirados del EPS y del desparecido Ministerio del Interior, que garantizara el cumplimiento de las promesas de indemnización monetaria, entrega de lotes urbanos, atención medica por dos años, etc.

Según él, sólo se puede constatar un cumplimiento parcial de los compromisos del Gobierno, por ejemplo, en el ámbito de la entrega de tierra, la reinvindicación más sentida.

“Tenemos una cantidad de tierra asignada por la CORNAP, unas 60 ó 70 propiedades, la mayoría de las cuales no tienen título, también hay casos de propiedades que fueron tomadas al principio de los 90, que se concentran al lado de Wiwilí, El Cua-Bocay, Jinotega y Matagalpa”, refirió Ortega.

Frente al vacío de los gobiernos, los retirados del Ejército y del desaparecido MINT han impulsado su propia dinámica de reinserción, la cual ha estado sujeta a éxitos y fracasos.

“La reinserción se ha venido por iniciativa propia de la gente, la verdad es que la gente no va a estar esperando todo el tiempo que se cumpla la reinserción”, comentó Ortega.

Sin embargo, el balance de Ortega sobre la situación de sus ex compañeros de combate es amargo. Según sus cifras, más del 60 por ciento está desempleado.

“Tenemos un buen contingente de militares retirados que hoy son mano de obra barata en Costa Rica, mucha gente de Estelí, Chinandega y hasta de Managua, que se ha ido a ese país, otros que han emigrado para los Estados Unidos; hay compañeros que uno se los encuentra en los semáforos, vendiendo periódicos, agua helada y otro contingente que está en los mercados, que tienen su caramanchelito”.

PASARON AL EJÉRCITO DE POBRES Y DESEMPLEADOS

Al salir de la guerra, los desmovilizados del Ejército y de la Resistencia vinieron a engrosar el ejército de desempleados, como resultado de tres factores fundamentales: su bajo nivel educativo, falta de capacitación y la ausencia de una respuesta integral institucional, comentó el sociólogo Orlando Núñez.

“No hubo una política real de integración, muchos salieron de la guerra muy jóvenes, sin pasar por escuela o centros de calificación, lo que saben es hacer la guerra, pero nadie las ofreció una oportunidad de reconvertirse”, refirió Núñez, autor de varios textos entre ellos “La guerra y el campesinado en Nicaragua”.

Además, a su juicio, falló la comunidad internacional durante la etapa de posguerra. “Nicaragua pensaba recibir un apoyo internacional, similar al Plan Marshall, que permitió la reconstrucción de la Europa de posguerra, pero sólo vinieron a desmovilizarlos sin pensar en la tarea de reinserción”, opinó.

A su juicio, “dar dinero contra un rifle” no permite garantizar el futuro de los desmovilizados y menos el éxito del proceso de pacificación de una sociedad que conoció diez años de guerra.

Para Núñez, la principal responsabilidad del fracaso de la reinserción recae en el gobierno, tanto de doña Violeta Barrios de Chamorro como de Arnoldo Alemán. “Se comprometieron en entregar tierras y legalizarlas y aún eso no fue totalmente cumplido”, cuestionó.

Pero, además, refirió que la entrega de tierras tampoco garantiza la reinserción civil, porque muchos de los desmovilizados no tienen acceso a crédito y no tienen cultura productiva. Por eso, muchos vendieron o hipotecaron los terrenos nuevamente adquiridos.

Frente a tal situación y a la ausencia de perspectivas, numerosos desmovilizados escogieron emigrar hacia otros países, en calidad de mano de obra barata, como en Costa Rica. “Cortan café y caña o son vigilantes”, refirió.

En Nicaragua también, ya que los empleos de vigilantes son el oficio más cercano de la cultura de guerra, porque “andan armas y enfrentan peligros”.

Otros, dijo que han optado por retomar las armas y dedicarse a acciones al margen de la ley. “Muchos andan en grupos militares, pero sobre todo, han hecho de la violencia su supervivencia personal y de grupo; asaltos, tomas de bancos y secuestro es como un modo de vivir y lo que la gente llama delincuencia está muy teñido de cuestiones militares”, comentó.

“Los desmovilizados padecen la situación económica y social crítica de Nicaragua y al mismo tiempo, la complican”, concluyó Núñez.

CENIDH: ACTITUD CÍVICA MERECE RECONOCIMIENTO

Para Bayardo Izabá, director del área de Defensa y Denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), los desmovilizados de la Resistencia y el Ejército se sienten “marginados y frustrados” y forman parte de “una sola problemática”, que a su juicio, contiene el “germen de la inestabilidad”.

“El fenómeno de los “rearmados” y luego de los “revueltos” (“recompas” y “recontras”) luchando por las mismas reivindicaciones, indica que ningún lado se benefició de un tratamiento privilegiado”, valoró.

En el caso de la Resistencia, Izabá refirió que 83 por ciento de sus miembros eran campesinos pobres y sólo 17 por ciento eran técnicos y profesionales. Hoy, los problemas en el proceso de entrega de tierra y de titulación hacen que los más exitosos de los desmovilizados de ese sector sean ese 17 por ciento que no fueron campesinos.

“El resto está sumido a una condición de miseria extrema, no tienen acceso al trabajo, a la salud, a la educación y algunos ni siquiera tienen vivienda”, refirió.

A su juicio, los ex miembros del Ejército tenían una “ventaja” porque, por ser estudiantes o por tener mayor acceso a la educación, gozaban de un nivel sociocultural más alto que los miembros de la Resistencia. Eso les dio “mayores oportunidades para reinsertarse”.

Sin embargo, “la reinserción civil no fue lograda en su totalidad, ya que la mayoría de los desmovilizados del Ejercito está padeciendo la misma situación de miseria”, insistió el activista de derechos humanos. En definitiva, la situación resulta “igual” para la Resistencia y el Ejercito.

“Ni el gobierno de Doña Violeta, ni el gobierno del Presidente Alemán, han definido políticas gubernamentales para atender a esta población. Sólo una falta de voluntad política de ambos gobiernos puede explicar el incumplimiento de las promesas y acuerdos hechos a los desmovilizados, ya que decir que no hay recursos económicos es un pretexto”, valoró.

El Dr Izabá calificó el proceso de desmovilización de “traumático” para la población involucrada, porque al aspecto social y económico se suma una dimensión política y sicológica. Asimismo, se suma el hecho de que el proceso de desmovilización nicaragüense fue el más “rápido” y “violento” de toda América Central.

Pese a esto, valoró que la gran mayoría mantiene una actitud cívica digna de reconocimiento. “Ni el Gobierno ni la sociedad han reconocido el gran aporte cívico de los desmovilizados, que han sido capaces de mantenerse en una situación social y económica sumamente difícil y, todavía mantienen en una posición cívica, a pesar de su gran capacidad militar”.

En ese orden, el funcionario del CENIDH enfatizó que la reconciliación entre los desmovilizados, después de una década de guerra, es el principal logro del proceso de desmovilización.