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GRANADA.— Un grupo de diputados encabezados por el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional, José Espinosa, visitó la fábrica de metal mecánica INTERCASA, para conocer cuál es la situación legal de la planta y los últimos acontecimientos.
En la planta laboran más de 100 trabajadores, quienes aducen ser los verdaderos dueños, tras comprársela al Estado en 1992.
A inicios de esta semana se suscitaron varios acontecimientos peligrosos cuando un grupo de personas ajenas a la fábrica ocupó las instalaciones aduciendo que tenían el aval del señor Josué Bermúdez Marenco, quien afirma que tiene el 17 por ciento de las acciones originales de la empresa.
El conflicto se ha originado entre los trabajadores de la fábrica y empleados del señor Bermúdez Marenco, quien ha permanecido en los alrededores de la empresa desde hace varias semanas.
El diputado Espinosa dijo a LA PRENSA que los trabajadores de INTERCASA expusieron a la Comisión Laboral que los empleados del señor Bermúdez, “han agredido a los trabajadores de INTERCASA y los portones han sido rotos”.
“Está en disputa la posesión, la propiedad de esta empresa, porque hay un reclamante, un señor de apellido Bermúdez. Nosotros venimos no como jueces, sino a informarnos para luego elevar un informe a la Comisión de Justicia del Parlamento”, dijo.
El diputado reveló que los trabajadores de INTERCASA, según los decretos número 30 y 38, y los Acuerdos de Concertación, Fase I y II, que ellos son propietarios de INTERCASA.
Explicó que los trabajadores “pagaron la fábrica totalmente en 1994 al Estado y no deben nada, se le dio su escritura y ahora una juez, se las está dando nula”.
Espinosa recomendó a la judicial de Granada que dirime la querella a “no desconocer los decretos anteriormente señalados, ni los Acuerdos de Concertación hechos durante la administración de Violeta de Chamorro”.
El diputado manifestó que “si el Estado vendió algo que no era de él, yo creo que está en la obligación de indemnizar a quien era dueño, si no los trabajadores que compraron pasarían a ser afectados por una estafa, en todo caso del Estado”.
La Juez del Crimen de Granada, Donají Meza, aceptó hace unas semanas la demanda hecha por Bermúdez Marenco y puso a un interventor judicial, que es Leonardo Marín Sequeira y seis personas más, para “sobreguardar los intereses de Bermúdez Marenco”.
