- En siete años, las indemnizaciones por propiedades confiscadas
injustamente por
el gobierno
sandinista, han
superado las
inversiones en
Salud y Educación
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Durante los últimos siete años, las indemnizaciones por reclamos de propiedad le han costado al país hasta 735 millones de dólares, superando la inversión pública en Educación y en Salud en ese período.
Desde 1993, los gobiernos de Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán vienen indemnizando a los propietarios confiscados injustamente por el gobierno sandinista en la década de los 80.
Este jueves, el Ministro de Hacienda Esteban Duque Estrada presentó a la comisión legislativa que cabildeará en el Congreso de Estados Unidos por la no-suspensión del waiver, los detalles del avance sobre los doce casos específicos que el gobierno norteamericano demanda inmediata solución.
El waiver es la facultad que da la ley de Estados Unidos al Presidente para que pueda autorizar ayuda económica a un país que mantiene propiedades confiscadas a norteamericanos, una iniciativa de ley introducida hace un par de semanas en el Congreso bloquearía tal facultad.
De acuerdo al titular de Hacienda, de los doce casos insistidos por el Congreso, el gobierno de Nicaragua ya resolvió a satisfacción ocho casos específicos, mientras tres están en procesos de negociación y uno depende de una decisión de los tribunales.
El reporte total de casos, actualizados al 21 de junio, indica que el gobierno ha resuelto un total de 1,732 casos demandados, pero cuyos costos al país le han significado hasta el 50 por ciento de los gastos de capital o proyectos de inversión y 45 veces más que lo invertido en la construcción de viviendas.
“Desde 1993 a la fecha se ha gastado en indemnización 735.3 millones de dólares, que representa el 15 por ciento de cada uno de los presupuestos de esos años. Eso es igual al 22 % de las exportaciones de Nicaragua y casi el 50% del gasto de capital o el 31% del servicio de la deuda externa que se ha pagado. Lo único que eso significa es que hay que dejar de hacer otras cosas para indemnizar”, afirmó Duque Estrada.
De acuerdo a las cifras del Ejecutivo, este año la meta era resolver 500 casos de ciudadanos norteamericanos, las cifras oficiales actualizadas indican que se han solucionado 479 casos cuando queda un mes y diez días antes que cierre el “año waiver”, que inicia en agosto y termina en julio.
Dos semanas atrás, el Parlamento designó a una comisión especial para cabildear ante congresistas y senadores estadounidense para que se rechace la iniciativa “defensa por la propiedad 2000”, presentada por el congresista Benjamín Gilman y que en términos generales propone la suspensión del waiver a Nicaragua.
De convertirse en ley, la iniciativa tendría efectos directos en la suspensión de la ayuda norteamericana y obligaría a representantes de Estados Unidos a votar contra los préstamos de los organismos multilaterales para Nicaragua y para el ingreso a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
PRINCIPALES PROBLEMAS
Si bien para el diputado sandinista Víctor Hugo Tinoco, las cifras son alentadoras desde el punto de vista que les permita comprobar a los congresistas el esfuerzo nicaragüense por resolver los conflictos, la comisión legislativa de cabildeo perfila otros problemas.
“El gobierno va a tener que valorar cómo va a manejar este asunto en el futuro, porque puede ser que ahora asuman nuevas responsabilidades y eso le cae a los gobiernos futuros que van a estar pagando más deudas. El ministro nos decía por ejemplo que el 40% de los bonos ofrecidos, han sido comprados ya en el mercado internacional. Ya esta es casi una deuda externa”, puntualizó el parlamentario sandinista.
