ALINA LORIO [email protected]
OCOTAL.- La retardación de justicia seguida por el abuso de poder, se ubica en los primeros lugares de una lista de derechos humanos que los ciudadanos de Ocotal consideran violentados, según los resultados de una encuesta o diagnóstico participativo elaborado por la Asociación por la Humanización de la Vida, una ONG también conocido como “Colectivo Gaviota”.
A través de seis entrevistas grupales realizadas en la ciudad, los líderes identificaron “la retardación de justicia” como uno de los derechos más violados y que se expresa de múltiples formas, tales como el incumplimiento de los términos de ley, incapacidad para pagar abogados o multas, lentitud de los procesos, ausencia de jueces, notificaciones tardías, entre otras.
Asimismo consideran como causas de la retardación de justicia en Ocotal, la falta de recursos humanos y materiales en instituciones como la Policía Nacional y la medicina legal.
Sin embargo, la misma encuesta concluye que la mayoría de las personas violentadas en sus derechos no recurren a las autoridades por miedo de sus victimarios o por pena a las autoridades.
Caso específico es el de las mujeres maltratadas, las cuales sólo el 30 por ciento recurre a las autoridades en busca de apoyo, pero únicamente el 17.3 acudió a la Policía Nacional “por ser una de las instituciones más conocidas”, el 15.4 por ciento recurren también a organizaciones femeninas, apenas un 7 por ciento busca al juez de su localidad y un 1.5 por ciento busca apoyo en los organismos de derechos humanos.
No obstante, más de la mitad de las mujeres que recurren a las autoridades indicaron que “no nos hicieron caso” y un 8.5 por ciento dijo que las autoridades apoyaron a los hombres.
La encuesta revela que en el caso de los delitos cometidos por los menores la retardación es aún mayor, “ya que la instancia encargada de atender esos casos se encuentra en Ciudad Darío, Matagalpa, donde los implicados (acusados, denunciantes e instituciones) tienen que enfrentar problemas de transporte, tiempo y recursos económicos”.
Otros de los derechos violados a los ciudadanos de Ocotal, según el diagnóstico, es el abuso de poder de parte de algunas autoridades, el abuso de los políticos de los medios de comunicación, el deterioro al medio ambiente con la extracción indiscriminada de madera, y la salud, “donde puede haber atención, pero no medicamento”.
En ese sentido, consideran que las infraestructuras del Ministerio de Salud no se corresponden con la demanda. Ejemplo concreto es el Hospital Alfonso Moncada Guillén, de Ocotal, donde en múltiples ocasiones puede observarse que una cama es compartida hasta por tres pacientes, principalmente en la sala de gineco-obstetricia.
El último de seis aspectos relativos a las violaciones de los derechos humanos en Ocotal, se refiere a la crítica situación socio-económica de la población que se refleja en el desempleo, la proliferación y consumo de drogas, los cuales han incidido también en la violación del derecho a la seguridad ciudadana.
