Cobrar o no cobrar: ese es el dilema

MARIELA OCON RODRIGUEZ

El anteproyecto de educación denominado “Ley de participación educativa” está recopilado en un texto. Pero el sector magisterial, diputados de la Asamblea Nacional (AN) y el viceministro de Educación, Cultura y Deportes (MECD), Francisco Chavarría, tienen diversas interpretaciones.

Según el presidente de la Comisión de Educación de la (AN), Orlando Mayorga y Francisco Chavarría, del MECD, catalogaron como “malas interpretaciones” las que realizan los dirigentes sindicales a la propuesta de ley, ya que piensan que la educación se va a privatizar y que se eliminarán los sindicatos.

“En ningún momento se expresa que la educación se va a privatizar, además a través de la ley se le está dando mayor participación a los padres de familia y a los municipios para mejorar el proceso de educación, incluyendo la existencia de los sindicatos”, indicó Mayorga.

A criterio de Mayorga, el anteproyecto viene a dar paso para que Nicaragua cuente con una Ley General de Educación que no existe en el país. “Me sorprende que los gremios no estén de acuerdo porque ellos siempre estarán representados a través del consejo educativo y no se cobrará por la educación ya que estaríamos violando la Constitución”.

Al referirse sobre la inclusión de los colegios subvencionados al convenio colectivo, dijo que no deben existir y deben definir sus estatutos.

“Unicamente los maestros del Estado deben recibir beneficios del convenio colectivo porque los colegios subvencionados cobran pequeñas mensualidades a los estudiantes, convirtiéndolos en privados”, puntualizó Mayorga.

“No podemos continuar enriqueciendo a las autoridades de colegios subvencionados, porque provienen de colegios privados o se convierten en públicos o pasan a ser verdaderamente privados, pero subvencionados no”, añadió.

Francisco Chavarría, viceministro del MECD, coincide con Mayorga al señalar que los colegios subvencionados no deben ni tendrán los beneficios del convenio colectivo, ya que reciben pago por parte de los estudiantes y tienen todo el derecho a organizarse.

“En ningún momento el Estado se convertirá en violador de sus propias leyes. No cobraremos por educar a nuestros nicaragüenses, ni reprimiremos el derecho a organizarse”, señaló.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Educación de la (AN), José Ernesto Bravo, aseguró que la introducción del anteproyecto de ley es una evasión de responsabilidades que el Poder Ejecutivo desea realizar para cubrir los altos costos de la educación en el país.

“Tengo mis reservas porque es una propuesta de ley de manera camuflada, quieren evadir responsabilidades y trasladársela a los padres de familia y municipios sin pasarle ningún presupuesto, además que es el primer paso para privatizar la educación”, puntualizó.

A juicio de Bravo los colegios subvencionados deben recibir ayuda del Estado porque la mayoría de estudiantes son de escasos recursos. “Se está obviando el empobrecimiento de los sectores populares, no le están dando la cara al problema del sistema educativo”.

En tanto, Antonio Zepeda, de la Confederación General de Trabajadores de la Educación en Nicaragua (ANDEN), expresó que el anteproyecto es esencia de la privatización de la educación en Nicaragua.

“El hecho que no diga privatización no significa lo contrario, si están contemplando cobrar por educar a los alumnos”, dijo.

Zepeda realizó un llamado a los diputados a realizar una consulta a los sectores involucrados en el proceso educativo para tener unas reformas justas.