El anuncio de que 8,149 presos con penas de hasta cinco años han quedado libres entre 2014 y lo que va del 2016, como parte de una política del gobierno, lleva a pensar a diferentes sectores, que los implicados en delitos graves minimizados por la justicia —como la masacre de Las Jagüitas— pronto estarán en libertad.
El presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación en la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI) Javier Vallejo, reaccionó: “¿Será que van a soltar a los policías de Las Jagüitas?”
Igual que Vallejo, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, cuestiona que este tipo de hechos graves hayan sido minimizados en los tribunales para garantizar la impunidad de los implicados.
Vallejo dijo que en el seno de la comisión también conocieron de la probable puesta en libertad bajo esa medida de un reo que purga condena por el asesinato de una jovencita en Estelí, quien no tiene ni dos años de detención.
“Y aparentemente lo van a liberar, se presta esta discrecionalidad para que haya soborno, haya plata de por medio, razones políticas”, indicó Vallejo.
PISTOLERO SERÍA BENEFICIADO
Entre los presos sentenciados a períodos menores de cinco años está Samir Matamoros, condenado a cuatro años de prisión, luego de que el 2 de septiembre del año pasado disparara contra personas que se manifestaban en las cercanías del Consejo Supremo Electoral (CSE), en Metrocentro.
Vallejo y Carrión coinciden en que puede haber reos que ameritan libertad ya sea por la edad, porque hayan cumplido la mayoría de su pena, o que tengan enfermedades terminales, pero aún así demandan que debió aplicarse el procedimiento establecido para evitar discrecionalidades.
El funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, confirmó que él conoció de un caso de un interno a quien le abrieron la cárcel sin ningún documento. Únicamente le dijeron las autoridades carcelarias que era “una amnistía presidencial”.
“Esa persona incluso tenía pena de siete años. Había cumplido más de la mitad, casi por cinco, estaba tramitando beneficios, pero nunca le dijeron nada… ¿ideay?, se preocupó cuando lo dejaron libre y no tenía ningún documento”, refirió Darce, quien dijo que el procedimiento normal es que el juez ejecutor de sentencia revise si el reo tiene beneficios e informe al penal.
RÉGIMEN PENITENCIARIO
Carrión recordó que la Ley 873 establece diferentes regímenes en los que son clasificados los privados de libertad y que empieza por la adaptación, seguido por el laboral, semiabierto, abierto y convivencia familiar, que es la última etapa otorgada cuando el reo está a las puertas de la libertad definitiva.
Señaló que en este caso la disposición gubernamental aparece como “un acto bondadoso”, el cual tiene un impacto inmediato en las emociones de los beneficiados.
No obstante, el funcionario del Cenidh expresó que de acuerdo al procedimiento establecido, los tribunales debieron haber efectuado más de ocho mil audiencias orales y públicas para los beneficiados, las cuales no pudieron pasar inadvertidas. Carrión considera que además de invadir funciones, el ejecutivo manipuló conceptos.
PROCEDIMIENTO ILEGAL
Para el constitucionalista Óscar Castillo, “todos los países normalmente, cuando tienen saturación de presos en las cárceles, bien por razones políticas se declaran amnistías o bien casos de indultos, suelen darse estos casos. Creo que la decisión como tal puede ser buena, pero los procedimientos con los que se están dando estas excarcelaciones bajo el régimen de convivencia familiar, son ilegales”.
“El gobierno no es el facultado para dictar órdenes de libertad bajo ninguna circunstancia. Llámese como se quiera llamar, quien tiene la facultad de proceder y de conformidad a lo que dicta la ley, es el poder judicial mediante los jueces de ejecución de sentencias”, dijo Castillo.
El lunes 22 de febrero el diputado Vallejo intentó discutir el tema en el seno de la comisión parlamentaria, pero el vicepresidente de la misma, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, le pidió que esperaran. “El problema es que ellos tienen la mayoría”, señala Vallejo, quien cuestiona que ninguna de las instituciones involucradas en la libertad de los reos ha brindado una explicación satisfactoria.
Vallejo indicó que aunque las cárceles estén hacinadas, eso no faculta al ejecutivo para liberar a más de ocho mil presos.
Por su parte, el también diputado del PLI, Armando Herrera, explica que el plan del gobierno al liberar a miles de reos tiene como objetivo buscar una masa votante de cara a las elecciones de noviembre.
DEMANDA IGUAL TRATO
Tras conocer el anuncio del gobierno, Johanna Aguilar, esposa de Marvin Vargas, expresidente de la Fundación de Veteranos de Guerra del Servicio Militar, demandó desde el Cenidh a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional igual trato para su marido.
Recordó que Vargas tiene dos órdenes de libertad, ha cumplido un noventa por ciento de la condena y está enfermo. Sin embargo, no fue incluido en los más de ocho mil reos liberados.
El abogado del Cenidh, José Alonso, indicó que en el caso de Vargas, ese organismo ha realizado diversas gestiones a su favor sin resultados positivos. Tampoco han prosperado peticiones ante organizaciones internacionales.
