Que los funcionarios del entorno cercano al presidente Daniel Ortega construyan enormes mansiones, se beneficien de contratos con el Estado o sus empresas se hagan con préstamos del Seguro Social, haciendo uso de sus influencias, no son suficientes razones para que la Contraloría General de la República investigue, según el vicepresidente de esa institución, el contralor de facto Luis Ángel Montenegro.

La tercia tiene ganador. El presidente Daniel Ortega y el Ejército de Nicaragua lograron que ayer quedaran “consensuadas” las mociones de las sensibles leyes de Defensa, Seguridad Democrática y Régimen Jurídico de Fronteras, las cuales se discutirán el lunes en el parlamento.

El 8 de diciembre familiares, amigos y compañeros de trabajo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dieron el último adiós a Jorge Campos Cordero, sociólogo y estadístico que se desempeñó los últimos 15 años como especialista de estrategias de población y desarrollo.

Entre gritos de «el ejército es nacional no orteguista», «por amor a Nicaragua todos contra el autoritarismo» y «las Segovias fuimos escenario de guerra y ahora queremos la paz», se desarrolló hoy el plantón anunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil para demandar la no aprobación de las leyes de defensa, seguridad y régimen jurídico de fronteras que el presidente Daniel Ortega ha enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional.

La Cancillería costarricense presupuestó 2 millones de dólares anuales para atender la demanda presentada contra Nicaragua el pasado mes de noviembre, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); un juicio que de prosperar podría durar unos cuatro años.

Diputados de los partidos Liberal Constitucionalista (PLC) y Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) informaron ayer que la Dirección de Información para la Defensa (DID), del Ejército de Nicaragua, ya no será la “coordinadora operativa” del Sistema Nacional de Seguridad Democrática, sino que estará al frente de la “secretaría ejecutiva” del mencionado sistema, de acuerdo con mociones consensuadas para la iniciativa de Ley de Seguridad Democrática.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Nicaragua aceptaron ayer las críticas de que sus protestas contra el régimen de Daniel Ortega han sido limitadas, como indican informes de la Embajada de Estados Unidos filtrados por WikiLeaks.

Para pedir a los diputados que desistan de aprobar las tres leyes relacionadas con la defensa y seguridad del país —propuestas por el presidente Daniel Ortega y que han sido criticadas por que más bien promueven el espionaje y el militarismo— diversas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos realizarán hoy una protesta frente a la Asamblea Nacional.

Espionaje o intimidación son dos factores que podrían estar vinculados al robo del computador de monseñor Jorge Solórzano, dijeron Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el general en retiro, Hugo Torres.

“Pobre embajador, el hombre éste (Paul), Trivelli, Trivilín, como le decían aquí en Nicaragua, que estuvo mandando ese tipo de informes. No denota ninguna seriedad de su parte, ningún profesionalismo, es una pobreza intelectual y mental mandar cuechos a Estados Unidos”. Esa fue la reacción del magistrado de facto Rafael Solís, sobre las revelaciones de WikiLeaks de que el presidente Daniel Ortega utiliza jueces sandinistas para vender fallos de libertad a narcotraficantes.