Como sociedad, debemos condenar y evitar la violencia política, y al mismo tiempo exigir controles efectivos a la absurda proliferación de las armas. Y también advertir que el uso político de una tragedia para intentar silenciar a las voces discrepantes es un paso antidemocrático que conspira contra nuestras libertades.
Las redadas de ICE y el encierro de los arrestados en centros de detención, o su deportación y encarcelamiento en prisiones espantosas como el Cecot, en El Salvador, constituyen un revés pernicioso para la economía y un atropello inadmisible contra la democracia y los derechos humanos.
En más de medio siglo, la guerra no ha logrado poco más que convertir a Estados Unidos en el país con la mayor población penal del mundo. El narcotráfico es como la hidra de Lerna: un delincuente es arrestado y enseguida otro, presto, ocupa su lugar.
Alcatraz de los Caimanes debe ser clausurado, más pronto que tarde. Y la inicua persecución contra los inmigrantes indocumentados —muchos de los cuales no han cometido otro delito que el de entrar sin permiso a Estados Unidos— debe terminar ya.
Recordar la esclavitud no es un ataque a Estados Unidos, sino un acto de honestidad con su pasado. Ignorar ese penoso y largo episodio no es patriotismo: es manipulación ideológica de lo sucedido.
Imponer seguridad por decreto, usando al ejército para realizar labores policiales, es un golpe a la democracia. La solución está en fortalecer las instituciones democráticas locales, mejorar la inversión social, y consolidar políticas públicas que se basen en datos reales, en la justicia y en el respeto al gobierno local.
