El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el 3 de octubre de 2026 su retiro inmediato del Parlamento Centroamericano (Parlacen), mediante una denuncia unilateral del tratado constitutivo de ese organismo.
Sin embargo, hace 17 años, cuando el gobierno de Panamá intentó hacer exactamente lo mismo, Nicaragua se opuso formalmente y defendió ante los demás países centroamericanos la tesis de que ningún Estado podía abandonar el Parlamento por decisión propia.
El 28 de octubre de 2009, durante el primer gobierno de Ortega tras su regreso al poder en 2007, la Cancillería nicaragüense envió la nota diplomática MRE/DM/636/10/09 en la que rechazó políticamente la salida de Panamá y respaldó una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que establecía que ningún país podía denunciar unilateralmente el Tratado Constitutivo del Parlacen, precisamente el procedimiento al que ahora recurre el régimen.
El caso Panamá
El 19 de agosto de 2009, el gobierno panameño de Ricardo Martinelli comunicó a Guatemala, país depositario del Tratado Constitutivo del Parlacen, su intención de retirarse del organismo.
La decisión formaba parte de una política anunciada por Martinelli, quien cuestionaba la utilidad del Parlamento y consideraba que su participación representaba un gasto innecesario para el Estado panameño.
Ante la ausencia de una cláusula expresa de retiro en el tratado, Panamá invocó el artículo 54 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contempla la terminación de un tratado o el retiro de una parte conforme a sus disposiciones o mediante el consentimiento de todas las partes.
Guatemala abrió entonces un período de tres meses para que los demás Estados manifestaran si aceptaban u objetaban la solicitud panameña.
Nicaragua respondió negativamente el 28 de octubre de 2009, mediante la nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. La comunicación quedó registrada en una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia del 20 de octubre de 2010, correspondiente al expediente 2-26-03-2010, en la que también constan las objeciones de Guatemala y El Salvador.
El tribunal dejó consignado que el gobierno nicaragüense había expresado su oposición a la intención panameña y había defendido al Parlacen como un órgano fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
En su comunicación, Nicaragua incorporó los fundamentos de una resolución emitida por la Corte Centroamericana de Justicia el 23 de septiembre de 2009, en respuesta a una consulta vinculante presentada por el propio Parlacen sobre la posibilidad de que un Estado abandonara unilateralmente su tratado constitutivo.
La conclusión de la Corte fue categórica: “Ningún Estado Parte del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, puede denunciarlo unilateralmente”.
Argumentos de Nicaragua
El rechazo del régimen Ortega y Murillo a la salida de Panamá descansó en tres fundamentos jurídicos que, según la interpretación defendida entonces por Nicaragua, impedían la denuncia unilateral del tratado.
El primero era que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contemplaba expresamente un mecanismo para que sus miembros pudieran abandonarlo. La Corte Centroamericana sostuvo que la ausencia de esa disposición no autorizaba a los Estados a retirarse por su cuenta y que tampoco podía deducirse semejante facultad de los antecedentes del instrumento.
El segundo argumento se refería a la naturaleza comunitaria de la integración centroamericana. A diferencia de los acuerdos internacionales ordinarios, los tratados constitutivos del sistema regional establecen instituciones, compromisos y obligaciones que trascienden las relaciones bilaterales entre gobiernos.
Según aquella interpretación, permitir que cada país desconociera unilateralmente sus compromisos afectaría la estabilidad jurídica de todo el proceso integracionista.
El tercer argumento de la Corte Centroamericana de Justicia se basó en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que creó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), del cual el Parlacen forma parte.
Según el tribunal, ese instrumento impedía que los Estados adoptaran unilateralmente decisiones contrarias a los principios y objetivos de la integración regional. Por esa razón, la Corte consideró que Panamá no podía abandonar por su cuenta el Parlamento Centroamericano, una interpretación que Nicaragua respaldó expresamente en su objeción diplomática de octubre de 2009.
El entonces presidente del Parlacen, el diputado sandinista nicaragüense Jacinto Suárez, se convirtió en uno de los principales defensores públicos de esa posición. El 30 de octubre de 2009, LA PRENSA informó que Suárez había confirmado la oposición presentada por Nicaragua dos días antes. Su respuesta fue terminante: “Se le dice no”.
Panamá regresó
El gobierno de Ricardo Martinelli rechazó los argumentos de Nicaragua y de los otros países que objetaron su retiro. El canciller panameño Juan Carlos Varela defendió la facultad soberana de Panamá para abandonar el Parlamento y anunció que su país procedería unilateralmente si no conseguía el consentimiento de los demás Estados.
Ante las objeciones de Nicaragua y Guatemala, Varela expresó públicamente su extrañeza: “¿Por qué esa insistencia?”, preguntó, antes de reclamar que se respetara la voluntad del pueblo panameño.
El enfrentamiento pasó de las declaraciones diplomáticas a los tribunales. El 11 de diciembre de 2009, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley 78, mediante la cual derogó las disposiciones legales que habían permitido la incorporación del país al Parlacen.
El gobierno de Martinelli consideró que esa legislación le proporcionaba el mecanismo interno necesario para concretar su retiro, previsto para el 24 de noviembre de 2010.
Antes de que llegara esa fecha, la Corte Centroamericana de Justicia intervino en el conflicto. El 20 de octubre de 2010, el tribunal regional emitió una sentencia que estableció que Panamá no podía denunciar ni abandonar unilateralmente el tratado. También declaró inaplicable la Ley 78 frente al ordenamiento comunitario y ordenó al Estado panameño cumplir sus obligaciones financieras, incluidas las cuotas pendientes y futuras.
Panamá desconoció la autoridad de aquella sentencia. Su Cancillería sostuvo que el país no había ratificado el Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y que, por consiguiente, no estaba sometido a sus decisiones. El gobierno insistió en que su retiro era una determinación soberana, final e irrevocable.
Pese a las objeciones y al fallo regional, Panamá hizo efectiva su salida el 24 de noviembre de 2010. Durante más de un año permaneció fuera del Parlamento, hasta que una decisión de su propio sistema judicial obligó a revertir el proceso.
La Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la Ley 78 mediante una sentencia fechada el 2 de febrero de 2012. Los magistrados concluyeron que la Asamblea Nacional había violado los artículos 4, 17, 159 y 163 de la Constitución al utilizar una ley interna para desconocer obligaciones derivadas de tratados internacionales.
Eliseo Núñez: “Método erróneo”
El exdiputado nicaragüense del Parlacen Eliseo Núñez, quien participaba en ese organismo cuando se produjo el conflicto con Panamá, considera que Ortega y Murillo están utilizando ahora un procedimiento que no se ajusta a los tratados de integración centroamericana.
“Están ocupando un método erróneo. No tienen capacidad de denunciar ningún tratado centroamericano”, afirmó Núñez al analizar la decisión anunciada por Nicaragua.
Según explicó, los tratados regionales no contienen mecanismos ordinarios de retiro unilateral y cualquier modificación de la participación de un Estado tendría que negociarse con los demás miembros.
“La manera en que vos te podés salir del tratado centroamericano, porque evidentemente, si no querés seguir, no vas a estar, es pidiendo una reforma al tratado y saliéndote”, sostuvo el exdiputado, quien recordó que los instrumentos del sistema han evolucionado mediante reformas sucesivas y no por decisiones individuales de los gobiernos.
Núñez explicó que el proceso de integración centroamericana se encuentra regido, entre otros, por los principios de gradualidad y progresividad. El primero permite avanzar en la integración conforme los Estados aceptan nuevos compromisos, mientras que el segundo procura evitar retrocesos en los niveles de integración ya alcanzados.
“El principio de gradualidad es que se avanza en la medida que vos te sentís cómodo con el avance y progresividad significa que una vez que avanzaste no podés retroceder”, explicó.
Añadió que los sistemas comunitarios no funcionan como los tratados internacionales ordinarios, porque combinan elementos del derecho interno y del derecho internacional y crean instituciones y obligaciones compartidas.
El exdiputado advirtió que la denuncia anunciada por Ortega y Murillo no necesariamente extingue las obligaciones que Nicaragua contrajo con el Parlamento. A su juicio, aunque el régimen suspenda su participación y deje de pagar las cuotas correspondientes, esas obligaciones podrían seguir siendo exigibles en el futuro.
“Nicaragua tendría obligaciones para con el Parlacen vigentes, es decir, en el momento que cambie el gobierno de Ortega, al gobierno que viene le pueden reclamar los pagos”, señaló Núñez.
En el caso Panamá, Martinelli terminó aceptando el fallo, aunque mantuvo sus críticas al Parlacen. El gobierno impulsó las medidas legislativas necesarias para restablecer la vigencia de los instrumentos que sustentaban la participación panameña y anunció su reincorporación.
Además, afrontó las obligaciones financieras acumuladas durante el período de ausencia. En 2012, funcionarios panameños reconocieron una deuda de aproximadamente 3.2 millones de dólares en cuotas atrasadas. Panamá continúa siendo miembro del Parlacen en 2026.
