El Gobierno español volverá a llevar al Congreso dos decretos sobre vivienda que incluyen préstamos de «hasta 50.000 euros sin intereses» para la adquisición de una primera residencia, anunció el martes el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez.
Los dos decretos serán debatidos en el Congreso por una comisión especial y no por el conjunto de los 350 diputados, que ya los rechazaron el viernes pasado, lo que llevó a Sánchez a adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
Sánchez habló en una rueda de prensa de «21 medidas» destinadas a «proteger» más a los inquilinos en un mercado inmobiliario que calificó de «disfuncional».
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Estos dos textos deben facilitar el acceso a un alquiler asequible, evitar aumentos y crear más oferta de compra, explicó el dirigente socialista, quien destacó, entre otras medidas, préstamos de «hasta 50.000 euros sin intereses» para la adquisición de una primera vivienda.
Sobre el alquiler de temporada
Del otro lado y con el objetivo de «combatir la especulación», Pedro Sánchez se ha referido también a la regulación del alquiler de temporada.
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La idea sería obligar «a los pisos turísticos a tributar como lo que son, un negocio, como hacen, por ejemplo, aquellos que tienen un negocio hotelero en el sector turístico», apuntó.
Una comisión especial
La comisión especial, integrada por 69 diputados, es el órgano parlamentario previsto por la Constitución en caso de disolución del Congreso de los Diputados, como ocurre desde la publicación el martes por la mañana en el Boletín Oficial del Estado del decreto que convoca las elecciones anticipadas.
Aunque el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez no dispone de mayoría absoluta en el Parlamento, lo que desde hace varios años le dificulta sacar adelante algunas de sus principales promesas, en esta comisión le bastaría con reunir el apoyo de pequeñas formaciones, entre ellas los nacionalistas vascos del PNV, para conseguir un voto favorable.
En ese caso, la oposición de los diputados del partido independentista catalán Junts, cuyo rechazo ayudó a tumbar los decretos la primera vez, dejaría de ser un obstáculo.
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Por su parte, el PNV había apoyado el viernes en el pleno el primero de los dos textos presentados por el gobierno, que incluía, entre otras medidas, la suspensión hasta 2030 de los desahucios de personas vulnerables y disposiciones contra los llamados fondos «buitre», acusados de especular con la vivienda.
«Este gobierno, ni tira la toalla, ni deja tirada a la gente», zanjó Sánchez.