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El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de una circular, impuso una nueva directriz sobre “información obligatoria de procesos penales contra abogados y notarios públicos”.
“Todos los jueces locales, jueces de distrito, de ejecución y magistrados de los tribunales de apelaciones que conozcan las causas penales en las cuales se dicten sentencias donde se prive de la libertad a un abogado y notario público, ya sea en virtud de la sentencia condenatoria o por imposición de la medida cautelar, deberán informar de manera inmediata a la Secretaría”, ordenó el Consejo en el documento.
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Además, orientó que el oficio deberá cumplir con un requisito formal que la comunicación se realice “de inmediato” y se dirija a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de las y los Abogados y Notarios Públicos.
Procesos judiciales contra abogados y notarios deben informarse de inmediato
Dicho oficio, según la circular, deberá tener “indispensablemente la inserción íntegra de la resolución judicial correspondiente”, así como la notificación oportuna en caso de modificaciones o renovaciones posteriores de las penas y medidas.
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La circular fue remitida a nivel central, tribunales de apelaciones, salas penales, especializadas en violencia, justicia penal de adolescentes, jueces de distrito penal de audiencias, jueces de distrito penal de juicios, especializados en violencia y de lo penal de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria, jueces adjuntos, locales penales y únicos, Dirección de Registro Nacional de Antecedentes Penales, Defensoría Pública y secretarios de actuaciones y judiciales.
CSJ argumenta fiscalización para resguardo de la seguridad jurídica
El documento, enviado el 28 de agosto pasado, fue firmado por Róger Eduardo Martínez Domínguez, secretario técnico del Consejo Nacional Administrativo y Carrera Judicial.
El Consejo Nacional argumentó que la exigencia de estos informes responde al mandato de la jefatura “garantizar el orden institucional, la probabilidad y la fiscalización estricta del correcto ejercicio de la abogacía y el notariado de resguardo de la seguridad jurídica nacional”.
Además, señaló que se requiere “mantener un canal de comunicación institucional ágil, constante y directo con todas las instancias judiciales del país, que conozcan las causas penales donde figuren los profesionales del Derecho como procesados”.
En julio pasado, el régimen canceló el registro de más de 2,000 abogados en Nicaragua, dejándolos sin poder ejercer su profesión. Y en 2023, suspendieron de manera arbitraria y permanente a por lo menos 28 abogados.
