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La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, Jeannette Vargas, emitió una sentencia con la que anula la política de suspensión de visas de inmigrante para Nicaragua y otros 74 países, ordenada por la Administración de Donald Trump y aplicada desde febrero de este año.
El fallo responde a la demanda presentada por Catholic Legal Immigration Network, African Communities Together, junto con otras 11 personas solicitantes de visa y ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a familiares que buscaban conseguir una visa en Estados Unidos, contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Departamento de Estado.
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El tribunal estadounidense, según el fallo revisado por LA PRENSA, determinó “dejar sin efecto” y “anular la política que suspende categóricamente la emisión de visas de inmigrante a solicitantes de los 75 países designados, por ser contraria a la ley y exceder la autoridad legal”.
Estados Unidos, según la propia clasificación del Departamento de Estado de ese país, permite visados de inmigrantes basados en lazos familiares, empleo, adopción, categorías especiales y diversidad. En estas, cabe mencionar, no se incluyen las visas tipo B1/B2, que se otorgan por negocios, turismo, vacaciones, visitas familiares, tratamiento médico o una combinación de ambas.
Anulan denegaciones de visa basadas en la política
La jueza federal estadounidense además ordenó “dejar sin efecto” y “anular cualquier denegación de una visa de inmigrante que se haya basado exclusivamente en dicha política”.
También, según la sentencia, estableció que los casos en los que se haya denegado la visa basándose en dicha política sean revisados.
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“Se devolverán esas actuaciones de la agencia para que se lleven a cabo nuevos procedimientos de conformidad con la presente opinión y orden”, refiere el fallo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en enero de este año, anunció que desde el 21 de febrero aplicaría una política con la que suspendía la emisión de visas de inmigración para Nicaragua y otros 74 países, argumentando que la medida la mantendría mientras se reevaluaban los procedimientos de selección y verificación. Sin embargo, con el fallo del tribunal federal, la aplicación que se hizo de esa política en los últimos seis meses queda sin efecto.
