Un diputado opositor impulsa una reforma para dinamizar los trámites migratorios de los migrantes que viven en Costa Rica y su integración social plena a la sociedad. El proyecto está en la etapa de consulta y pronto pasará a la junta directiva de la Asamblea Legislativa para que siga el debido proceso parlamentario.
Durante una reciente presentación del proyecto la líder miskita nicaragüense Susan Marley, mejor conocida como “Mamá Tara” o “Mamá Grande”, expuso los peligros que han obligado a la población miskita y mayangna a migrar a Costa Rica. Asimismo, otros asistentes destacaron el aporte económico de los migrantes a la economía de ese país.
El proyecto impulsado por el diputado Antonio Trejos Mazariegos, del partido opositor Frente Amplio, se llama: “Ley para el fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación de la política migratoria nacional”. Propone una reforma parcial y específica a la Ley General de Migración y Extranjería, Ley número 8764, “orientada a fortalecer determinados componentes funcionales de la política migratoria costarricense, bajo un enfoque de derechos humanos, coordinación interinstitucional y protección internacional efectiva”.
Años de espera para recibir el estatus migratorio
De acuerdo con el texto oficial del proyecto, en Costa Rica existen, según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), unas 200,000 solicitudes de refugio pendientes de resolver. La inmensa mayoría son de solicitantes nicaragüenses, pero también hay de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Colombia, Haití y otros países.
La población refugiada y solicitante de refugio se encuentra en una situación precaria y desventajosa que se agudiza por la falta de resolución de sus trámites migratorios. Pero debido al número sumamente alto de solicitudes, y ante los limitados recursos presupuestarios y de personal de la DGME, los procesos son muy lentos, y las personas solicitantes deben esperar años por sus citas y la resolución de los casos.
La propuesta de reforma también considera que el estatus migratorio no definido, dificultades para hallar empleos dignos, trabas legales para la regularización, la discriminación antinmigrante y xenófoba de algunos sectores sociales, la falta de acceso a financiamiento y otros problemas que enfrentan los migrantes, suponen obstáculos insalvables para su integración plena a la sociedad.
Crear un Consejo Nacional de Migración
Según el texto de la propuesta de reforma, de aprobarse se crearía un Consejo Nacional de Migración con poderes vinculantes. Este sería un órgano de coordinación interinstitucional, rector en materia de política migratoria, con funciones de dirección estratégica, articulación, seguimiento y evaluación de dicha política. Funcionaría adscrito al poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación, la Policía y la Dirección General de Migración y Extranjería.
“El Consejo tendrá carácter vinculante en la definición de lineamientos generales de política migratoria”, señala la propuesta de reforma y añade que el Consejo definiría y aprobaría los lineamientos generales de la política migratoria nacional, además de coordinar y supervisar la ejecución de la política migratoria por las instituciones públicas.
También podrá emitir directrices y criterios técnicos vinculantes para la Dirección General de Migración y Extranjería en el diseño e implementación de programas, acciones y servicios dirigidos a la población migrante y a la población costarricense en el exterior.
Promover la integración
Otro cambio relevante sería el concerniente a la integración de la población extranjera. En este aspecto, el proyecto de ley sugiere “promover y garantizar la integración social de las personas extranjeras que residan en el país, reconociéndolas como sujetos activos del desarrollo nacional, mediante la articulación de políticas públicas en materia de salud, educación, empleo, seguridad social, asistencia social y desarrollo”.
La presentación ante representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del proyecto de ley tuvo lugar el jueves 13 de agosto, en el Salón de Expresidentes del edificio parlamentario en San José.
Emotivo discurso de líder miskita
En nombre de la población refugiada en Costa Rica, habló la líder miskita nicaragüense Susan Marley, mejor conocida como “Mamá Tara” o “Mamá Grande”.
Con emoción cercana a las lágrimas, la dirigente indígena de 69 años y sobreviviente de la barbarie sandinista de Navidad Roja en los años 80, relató a los asistentes la peligrosa huida de su comunidad y su familia desde el Caribe Norte de Nicaragua hasta Costa Rica para escapar de la persecución criminal de “colonos” armados.
Estos grupos paramilitares tienen como objetivo apropiarse de las tierras ancestrales de miskitos y mayangnas y desplazarlos, con el respaldo de las autoridades sandinistas. “Mamá Tara” agradeció a Costa Rica por la protección ofrecida a su pueblo.
Durante un panel que siguió a la presentación del proyecto, algunos expositores destacaron que la integración de la población refugiada e inmigrante supone varias oportunidades económicas para Costa Rica: el aumento de la fuerza laboral y la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de esta población; un mayor número de contribuyentes para la Caja Costarricense del Seguro Social y al Fisco; y un formidable número de consumidores para productos y servicios ofrecidos en la economía local.
El proyecto en detalle
A continuación te compartimos detalles de la propuesta del diputado opositor Antonio Trejos para reformar la Ley número 8764, Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, que entre otros cambios contempla:
1. Crear el Consejo Nacional de Migración, como órgano de coordinación interinstitucional, rector en materia de política migratoria, con funciones de dirección estratégica, articulación, seguimiento y evaluación que funcionaría adscrito al Poder Ejecutivo.
2. Este consejo tendría carácter vinculante en la definición de lineamientos generales de política migratoria. Lo integrarían ministros o viceministros de las instituciones competentes; y establecería mecanismos de participación de la sociedad civil y de organismos internacionales especializados.
3. El consejo «observará de manera estricta» los principios de derechos humanos, no discriminación, igualdad de trato, interés superior de la persona menor de edad, unidad familiar y el respeto irrestricto al derecho internacional de las personas refugiadas.
Funciones del consejo
Entre las funciones del consejo estarían:
1.Definir y aprobar los lineamientos generales de la política migratoria nacional.
2. Coordinar, articular y supervisar la ejecución de la política migratoria.
3. Emitir directrices y criterios técnicos vinculantes para la Dirección General de Migración y Extranjería.
4. Promover y garantizar la integración social de las personas extranjeras que residan en el país, reconociéndolas como sujetos activos del desarrollo nacional.
5. Asegurar la participación efectiva de la sociedad civil mediante organizaciones de migrantes.
6. También velar por la incorporación y cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación en el acceso a programas y servicios públicos, garantizando que las personas refugiadas y solicitantes de refugio gocen de protección conforme al derecho internacional y a la normativa nacional aplicable.
7. Coordinar las acciones públicas en materia migratoria desarrolladas por las instituciones representadas en el Consejo, así como del resto del sector público.
8. Evaluar periódicamente la implementación de la política migratoria y emitir informes públicos sobre su cumplimiento, incluyendo recomendaciones de mejora.
9. Nombrar y destituir a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Administrativo Migratorio, conforme a criterios de idoneidad, independencia y especialización; y cuando sea necesario, convocar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Sobre el estatus migratorio
Según la propuesta de reforma, las categorías especiales no generarán derechos de permanencia definitiva, salvo las de refugiados, asilados y apátridas, que se regirán por los instrumentos internacionales suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica.
Las personas reconocidas formalmente bajo la condición de refugiadas, conforme a la legislación nacional y al derecho internacional aplicable, podrán optar por mecanismos de regularización migratoria permanente u otras categorías migratorias previstas en la ley.
El acceso a dichos mecanismos no constituirá causal automática de cesación de la condición de persona refugiada. También que el Estado garantice que los procedimientos sean ágiles, accesibles y respetuosos del principio de no devolución, la unidad familiar y el interés superior de la persona menor de edad cuando corresponda.
